El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo un tenso careo con el que fuera su número dos, Francisco Martínez, en el marco de la 'operación Kitchen'.
Las víctimas de violencia de género que denuncian al maltratador no llegan al 30%, según la última Macroencuesta de Violencias Machistas. Hay mucho factores que las frenan, entre los más comunes: el miedo a una venganza sobre ellas o sus hijos, el temor a no tener medios para mantenerse o el desconocimiento del idioma y los medios de ayuda en el caso de mujeres inmigrantes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justifica la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora el fiscal lleva la investigación, averigua los hechos criminales y donde están los autores y el juez de garantías tiene otro rol el de velar por los derechos que tienen todos los ciudadanos. Se añade la figura del juez de la audiencia preliminar es el que rechaza las pruebas que no se han obtenido de manera legal y decide si se abre o no el proceso.
21 años de cárcel fue la pena media impuesta en las sentencias de 2018, según un estudio del Observatorio sobre la Violencia de Género de CGPJ. El 86% de los casos se calificaron como asesinato, lo que supone alevosía o ensaañamiento.
Un tribunal de Sicilia condenó a cadena perpetua en octubre, en ausencia, al hombre más buscado de Italia, el capo de la Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Participó en los atentados bomba de 1992 que acabaron con la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
Messina está desaparecido desde 1993, y se supone que sigue dirigiendo sus redes desde la clandestinidad. Nadie le ha delatado nunca y hay quien piensa que cuenta con apoyo dentro del Estado por los secretos que conoce.
En medio de enorme expectación Sarkozy llegaba, en torno a la una de la tarde, al Tribunal de París donde será juzgado por corrupción y tráfico de influencias. El que fuera Presidente de la República desde el 2007 al 2012 se enfrenta hasta a diez años de cárcel por intentar corromper a un magistrado que era abogado ante el Supremo, para que le ayudara en una investigación en su contra. Esto se supo porque el ex presidente tenía pinchado el teléfono ya que se le investigaba también por otro caso. Sarkozy llegó a tener una línea telefónica con un nombre falso para este tipo de "conversaciones conspiratorias" con su abogado, según la investigación.
Sarkozy tiene 65 años y está retirado de la política. Dice que es inocente y que está siendo víctima de un complot político. Tiene otros dos procedimientos judiciales pendientes relacionadas con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del 2012 y la del 2007, para la que habría recibido fondos del régimen de Gadafi.
Nunca Francia ha visto a un expresidente en el banquillo. Chirac, ya fallecido, fue juzgado y condenado por desvío ilegal de fondos pero no llegó a comparecer por su frágil estado de salud.
Varios mossos d'esquadra han declarado en el juicio de los atentados de Cataluña que tuvieron que matar en la madrugada del 18 de agosto de 2017 a cinco terroristas en Cambrils (Tarragona), ya que estaban cometiendo atropellos y apuñalamientos con chalecos explosivos simulados horas más tarde de la masacre de Las Ramblas de Barcelona.
Uno de esos agentes abatió a cuatro de los cinco terroristas y ha contado que desde entonces sufre estrés y secuelas psicológicas.
"Uno de ellos viene corriendo a toda velocidad hacia mí, con un hacha en la mano. Y cuando lo tenía ya a pocos metros, disparé hasta abatirlo. Veo que vienen tres personas más. Venían gritando Allahu Akbar, corriendo hacía mi, no me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos", ha señalado en el juicio.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy comparece este lunes ante un tribunal de París para ser juzgado por presunto soborno y tráfico de influencias, una de las causas que tiene pendientes con la Justicia. A Sarkozy se le acusa de corromper a un magistrado del Tribunal Supremo para que le ayudara en otra causa en la que está imputado.
Sarkzoy, presidente de Francia entre 2007 y 2012 y reetirado de la política desde 2016, tiene otros dos procesos abiertos por financiación ilegal de su campaña electoral.
El político conservador niega todas las acusaciones e insiste en que se trata de una campaña en su contra.
Se trata de la primera ocasión en la que un expresidente francés podrá ser visto en el banquillo de los acusados. Cuando Jacques Chirac, presidente entre 1995 y 2007, fue juzgado y condenado en 2011 por crear empleos ficticios en la alcaldía de París evitó comparecer ante el tribunal alegando problemas de salud.
El responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha defendido ante el juez que todos los servicios contratados con la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se desarrollaron correctamente y se ha desvinculado de los pagos que hiciese después esta mercantil a otras sociedades.
Del Olmo ha declarado este viernes como imputado ante el Juzgado de instrucción número 42 de Madrid junto al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; y la responsable de compras, Andrea Deodato, en la causa donde se investiga un contrato de Podemos con Neurona para los comicios del 28A de 2019.
El Gobierno tiene ya ultimada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la que regula los procesos judiciales. Una de las novedades envuelta en polémica es que el fiscal decidirá qué información se da a los medios y quedará limitada a lo esencial desde el punto de vista del interés informativo. Según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se busca proteger la intimidad de los testigos y los investigados, de evitar las llamadas "penas de Telediario"
El texto también plantea que el fiscal sea el encargado de las instrucciones judiciales y no el juez como hasta ahora. Además, partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acusación popular. A día de hoy sí pueden. Lo permite la actual Ley de enjuiciamiento criminal que data de 1882 y que han tratado de reformar los últimos gobiernos tanto del PSOE como del PP. El Gobierno aprobará la propuesta de reforma próximamente y su intención es consensuarla despues en el Congreso.
Rosario Porto había sido condenada, junto a su marido, Alfonso Basterra, a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta, en septiembre de 2013. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Llevaba cumplidos siete años de prisión y había pasado por tres cárceles distintas.
En 2017 fue trasladada a un hospital inconsciente tras la ingesta de unas pastillas. Un año después, lo intentó de nuevo. Lo que llevó a que se le aplicaran protocolos antisuicidos en distintas ocasiones. Esta mañana funcionarios de la cárcel de Brieva, en Ávila, la encontraron ahorcada en su celda. En el juicio quedó probado que la niña estaba dormida cuando la mataron después de ingerir más de 27 pastillas de orfidal. También que el asesinato había sido un plan ideado por los padres.
La sentencia considera probado que María Jesús Moreno, Maje, pidió a Salvador que asesinara a su marido. Y que para ello le facilitó las llaves del garaje donde cometió el crimen y donde vivía el matrimonio. Algo que negó durante el juicio. El magistrado de la audiencia de Valencia le aplica el agravante de parentesco y la condena a 22 años de prisión. En 17 años deja la pena para el autor material, Salvador Rodrigo, ya que considera el atenuante de colaboración con la justicia, por reconocer que asesinó a Antonio Navarro siguiendo las indicaciones de María Jesús, con la que entonces mantenía una relación. El juicio se celebró ante un jurado popular, que consideró a los dos acusados culpables de asesinato por unanimidad.
