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Dos días después de conocer un nuevo fallo de las pulseras antimaltrato, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha vivido un tenso momento en Granada. La presidenta de la asociación de víctimas de violencia machista La Volaera, María Martín Romero, la ha increpado y la ha acusado de ser cómplice de los maltratadores. Redondo ha insistido en que las pulseras funcionan y ha recordado que, de las 11 mujeres asesinadas este año en Andalucía, ninguna contaba con este dispositivo. Foto: Alberto Ortega / Europa Press

El Gobierno emplaza a varias comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Baleares y Madrid- a crear y regular el registro de personas objetoras para garantizar el derecho al aborto. "La ley es muy garantista", explica la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Permite el aborto y en todas las comunidades, de tal manera que en todas ellas haya, al menos, un hospital de referencia público en la provincia para que se puedan realizar esas interrupciones voluntarias del embarazo con todas las garantías de salud y de forma gratuita". Redondo confirma en Las mañanas de RNE que hay comunidades autónomas que incumplen "sistemáticamente" esa exigencia legal, como también el registro de objetores, que es un elemento esencial para hacer compatibles dos derechos: el de las mujeres a interrumpir su embarazo y el derecho de objeción de conciencia. Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con los requisitos legales".

"No se está cumpliendo la ley de interrupción voluntarias del embarazo. Hay muchas mujeres que tienen dificultades. Se trata de homologar el derecho y agilizar el desarrollo de esa ley, que a fecha de hoy todavía necesita un impulso", reconoce la ministra. "Hay dos derechos en juego, el de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo y por otro lado, el derecho de objeción de conciencia, que es un derecho constitucional. Tenemos que hacerlos conciliables, compatibles, de eso es de lo que se trata. Las mujeres tienen que poder ejercer su derechos en condiciones legales", insiste Redondo.

Sobre recoger el derecho al aborto como un derecho constitucional, la ministra afirma que "es el momento de dar un paso más y de garantizar ese derecho en la Constitución": "Incorporémoslo al texto constitucional. Para evitar que en un futuro haya gobiernos que quieran arrebatarnos a las mujeres ese derecho. Vamos a blindarlo en la Constitución. Seguramente el PP ahí tenga un dilema político, moral, pero tendrá que aclararse y dar un paso", añade.

Sobre la polémica de las pulseras telemáticas, la ministra asegura que desde el Ministerio se trabaja a diario que que "esa situación se minimice y las mujeres puedan vivir en libertad y seguridad". Con "este revuelo que se ha generado", añade "se ha creado una situación de miedo y angustia" que no se corresponde con la realidad. "En todo momento los problemas que se plantearon en la transición entre contratos... Esa transición es la que hemos estado tutorizando, monitorizando, para que se generaran los menos problemas posibles". Entrevista completa en RNE Audio.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha estado en el informativo 24 horas de RNE y ha respaldado el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Ha recalcado que "funcionan, que salvan vidas y que ninguna mujer ha sido asesinada disponiendo de estos dispositivos." Además, Montero ha defendido a Ana Redondo de lo que considera una campaña de desprestigio y mentiras contra el Ministerio de Igualdad y lo que este representa: "De forma recurrente, vemos campañas contra los recursos y contra los servicios que sirven para luchar contra las violencias machistas y que salvan vidas." Y ha insistido en que esto solo busca "crear una alarma injustificada."

La exministra de Igualdad ha pedido explicaciones al Gobierno sobre lo que está pasando, pero ha querido recalcar que "aunque haya que hacer mejoras, el sistema es seguro." Y ha pedido que se usen más en los casos que son necesarios porque hay 11.000 pulseras disponibles y solo se usan 4.000.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias registradas tras el cambio en la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas.

Martínez Perza ha admitido incidencias, asegurando que “cualquier sistema que depende de la tecnología no es infalible”, como es el caso. También ha relatado que los fallos se produjeron cuando hubo un cambio en la empresa que ofrecía este servicio, y ha querido dejar claro que en ningún momento la vida de las mujeres estuvo en peligro y que, aunque se produjeron violaciones de las órdenes de alejamiento, no hubo ningún tipo de agresión.

Asimismo, ha pedido perdón a las víctimas, la primera vez que se hace desde el Ministerio de Igualdad.

La presidenta de la asociación de víctimas de violencia machista La Volaera, María Martín Romero, ha explicado en TVE "el terror y el pánico que pasan las víctimas y los niños y las niñas" debido a los fallos que provocan las pulseras telemáticas antimaltratadores. "Esto se llama tortura institucional", denuncia Martín Romero al tiempo que acusa a la ministra de Igualdad, Ana Redondo y a los políticos y políticas españoles de convertir la violencia en "un negocio" porque "todos los servicios de Igualdad están privatizados".

Desde La Volaera también denuncian que "hay mujeres víctimas que han depositado esta pulsera voluntariamente en sede judicial porque es una tortura completa". Según la presidenta de esta asociación granadina "los maltratadores saben cómo hacer para que salte en el límite de la orden de alejamiento y van saltando constantemente. Llega a ser un miedo total el que te esté saltando una pulsera a cada instante".

El PP ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en las pulseras antimaltrato. Desde el Ejecutivo acusan a los 'populares' de intentar generar alarma. La ministra insiste en que las pulseras han funcionado en todo momento y que las mujeres han estado protegidas siempre.

Foto: EFE / Ramón de la Rocha

La polémica por las incidencias registradas en 2024 en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores ha llevado al PP a criticar al Gobierno por "ocultar" el hecho. Esta semana una memoria de la fiscalía general del Estado informase de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas de maltratadores. En el informativo '24 Horas de RNE' Vicky Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señala que lo que falló en 2024 fue: "El volcado de datos o la localización del agresor no para separarlo de la mujer, sino para tener el volcado del dato de dónde estaba en el juicio por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento". Asegura que la protección de todas las mujeres de estas parejas de dispositivos "se ha mantenido todo el rato, no hubo ningún fallo de protección".

Rosell afirma contundentemente que "ninguna mujer ha sido asesinada llevando dispositivos en todos estos años" y añade que actualmente "hay dispositivos multiagresor y muchas mejoras técnicas, aunque siempre haya fallos porque a las mujeres les saltan muchas alarmas", concluye.

El Partido Popular acusa al Gobierno de ocultar el fallo de las pulseras de maltratadores. Jaime de los Santos, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha asegurado en el informativo '24 Horas de RNE' que esto no se trata de un "rifirrafe político", sino que "exigen explicaciones de una cuestión muy peligrosa". "Es la reclamación responsable de quienes tenemos que hacer control al Gobierno y de velar por todas esas mujeres que padecen una de las lacras más terroríficas, que es la violencia machista".

María Jesús Montero acusa al PP de mantener una posición hipócrita en este asunto, a lo que De los Santos responde: "Cuando habla de fallos técnicos, desde la Administración son siempre imperdonables, pero cuando se habla de vidas de víctimas de violencia machista, muchísimo más".