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Todas las asociaciones judiciales y fiscales han firmado un comunicado conjunto para exigir respeto a la independencia judicial después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificara de "vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absolvía al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia.

Las principales asociaciones de jueces y juezas piden respeto a su trabajo y responden las críticas de la vicepresidenta Montero tras la absolución de Dani Alves. PP y Vox la acusan de echar por tierra la presunción de inocencia.

"Es especialmente grave que una vicepresidenta del Gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental", ha manifestado el portavoz del PP, Borja Sémper. Hoy, en un mensaje, Montero matiza: "Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo".

El PSOE cree que, aunque se podría haber dicho de otra manera, son palabras fruto de la impotencia.

El Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han alcanzado un acuerdo en las últimas horas para que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) no tributen el IRPF en 2025. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas equivalente al importe que cada trabajador debería pagar por dicho impuesto, anulándolo en la práctica.

Las negociaciones entre las vicepresidentas del Gobierno María Jesús Montero y Yolanda Díaz respecto a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) están "rotas", según fuentes del entorno de la ministra de Trabajo, que aseguran que Hacienda se "levantó de la mesa" de negociación en la noche de este jueves. Por su parte, desde Hacienda no hablan de negociaciones rotas sino de "posiciones muy alejadas".

FOTO: EFE

El Ejecutivo peleará los Presupuestos hasta el último minuto, pero aseguran que con o sin ellos, el incremento del gasto en defensa no está comprometido. Hay partidas en las que el Gobierno tiene autonomía para aumentarlo, como la inversión de 400 millones que el Consejo de Ministros ha destinado a subir el salario de los militares. Pero al PP no le vale.

La vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que negocia con Sumar "algún tipo de medida que pueda compensar a esos pocos trabajadores que tengan que tributar el salario mínimo interprofesional (SMI)". Así lo ha explicado en el Senado a preguntas de los periodistas.

Estas declaraciones llegan solo horas después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, insistiera este lunes en la necesidad de alcanzar un acuerdo con Hacienda sobre la exención fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Nunca debimos haber llegado aquí", señaló en una entrevista en La Noche en 24 Horas, donde subrayó la importancia de una justicia fiscal equitativa.

Según los cálculos de Hacienda, solo el 20% de los perceptores del SMI pagarán la retención de este impuesto. Son trabajadores sin cargas familiares. La última subida aprobada para el año 2025 aumenta el SMI a 1.184 euros mensuales en catorce pagas.

La delegación de competencias en materia de migración a Cataluña ha generado un tenso debate en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha acusado al Gobierno de estar "cambiando el modelo de Estado y la Constitución por la puerta de atrás" y de ser "el troyano del separatismo en el aparato del Estado". La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el expresidente José María Aznar sacó "a la Guardia Civil de las carreteras catalanas". Por su parte, Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha asegurado que "no hay cesión del control de fronteras ni de los flujos migratorios irregulares" y que "la Policía Nacional seguirá diciendo quién entra y sale de las fronteras españolas en Cataluña".