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La generalitat de Cataluña no contempla aplicar el auto del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que obliga a utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas cuando tan solo un alumno lo solicite por via judicial.

El Gobierno ha acometido una reforma "urgente" de la Ley de Propiedad Intelectual -que fue aprobada por el Real Decreto 1/1996- y de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Los objetivos, según ha anunciado el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, son los de reforzar los mecanismos de supervisión de derechos de la propiedad intelectual, mejorar la protección de esos derechos y revisar el concepto de copia privada.

¿Existe una cierta percepción social hipertrófica y exagerada del nivel de corrupción" que hay en España. Es la opinión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien afirma que el hecho de que se den casos de corrupción "no quiere decir que haya un país corrupto debajo", a pesar de que esta cuestión se ha convertido en una de las cuestiones que más preocupan a los españoles en los últimos meses, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La norma, que llevará el nombre de Ley de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva, otorga mayores competencias a la Agencia Estatal Antidopaje, aumenta las sanciones económicas hasta los 400.000 euros y crea el Tribunal Arbitral del Deporte, que sustituirá al Comité Español de Disciplina Deportiva con una sección especializada en dopaje. 08-03-2013

  • El texto armoniza las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje
  • Favorece las opciones de Madrid 2020 ante la próxima visita del COI
  • Regula los horarios de los controles y crea el Tribunal Arbitral del Deporte
  • La AEA se convierte en la Agencia Española de la Salud en el Deporte

El ministro de educación, José Ignacio Wert, ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes avala la doctrina de la futura reforma educativa. La sentencia reconoce el derecho a la escolarización en castellano y catalán como lenguas vehiculares.