Gobierno de España

• El presidente del Gobierno se entrevistará con los mandatarios de Noruega, Irlanda, Eslovenia, Portugal y Bélgica
• Sigue en directo la actualidad de la guerra en Gaza

• A pesar de que ha sido una decisión unánime, ha habido discrepancias sobre las razones para admitir el recurso
• El Gobierno estimó pertinente impugnar la iniciativa porque ello paraliza "de manera inmediata" su tramitación

El Gobierno ha anunciado que va a eliminar la ‘golden visa’ que otorga el permiso de residencia a los extranjeros que invierten más de 500.000 euros en vivienda en España.

Luis Santamaría, portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación del Senado, asegura que las comparecencias no van a tardar mucho en llegar y considera que podrán ser a finales de abril o principios de mayo. “Koldo García es uno de los grandes protagonistas de esta trama […] Le vamos a pedir que no nos conteste a nosotros, sino a los españoles que durante el confinamiento lo pasaron tan mal”, expresa en el programa Parlamento de Radio 5.

Santamaría apunta que van a llamar a todos aquellos ministros que sean necesarios “para esclarecer unos hechos que fueron muy graves”. El presidente popular aseguró que si Sánchez no ofrecía una explicación, no descartaban llamarle a comparecer en el Senado. “Feijóo es una persona razonable que le pide al presidente del Gobierno que, desde su propia iniciativa, dé las explicaciones, ese es el margen que le está dando", explica el portavoz.

Pere Aragonès intervendrá el lunes en la sesión del Senado para defender la amnistía y "trolear al PP", según ha dicho el presidente de la Generalitat. La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, considera que los populares organizan esta convocatoria para generar ruido sobre la ley y que no esperaban la presencia de Aragonès. “Lo que está pasando en el Senado es una utilización partidista de la Cámara por parte del PP, el lunes será otra maniobra más y cada uno está a disposición de elegir si quiere participar o no”, dice sobre la ausencia de algunos presidentes socialistas.

El voto particular de ERC al informe sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía dice que es una herramienta útil en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y que no tiene un impacto en el funcionamiento del Estado autonómico. “Entendemos que no hay nada que pueda hacerse que paralice la tramitación en el Senado. Cualquier movimiento que pretenda paralizarla es un fraude de ley”, asegura Bailac. Esperan que el 16 de mayo el Senado termine su trámite para que pueda estar a disposición de que el Congreso “pueda rematarla” y que la ley sea una realidad cuando antes, “con independencia del calendario electoral”.

• Tras las quejas de las 160 familias por la visita de Sánchez, el Gobierno las ha invitado a ver los trabajos de exhumación
• Ante el Parlamento Europeo se promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno su debate y votación

• El grupo comprará Talgo por un total de 619,3 millones de euros
• Está pendiente de la autorización del Gobierno, requisito indispensable para seguir adelante con la operación

• Bajo el nombre de ELISA, la nueva herramienta permitirá obtener información relativa al tamaño y tipología de las empresas
• El 88% de los fondos han sido convocados y casi la mitad, resueltos, según el titular de Economía

• Sobre las posiciones de las comunidades autónomas en el trasvase Tajo-Segura: "Hay que ser prudentes con las peticiones"
• La vicepresidenta tercera afirma que se mantiene la previsión de que en 2035 se produzca el cierre de las centrales nucleares

• El presidente catalán defiende un referéndum acordado con el Estado en el marco del artículo 92 de la Constitución
• Pilar Alegría ve la propuesta "radicalmente contraria" a la política del Gobierno para la "unidad, el reencuentro y el avance"

Choque de Moncloa y comunidades gobernadas por PP y VOX a cuenta de la ley de Memoria democrática. Según un primer análisis de los servicios jurídicos del Gobierno, las normas autonómicas como la que ya ha aprobado Aragón son inconstitucionales.

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la proposición de ley de concordia registrada por los socios del gobierno valenciano (PP-Vox) en Les Corts ante la intención del Gobierno de llevarla al Tribunal Constitucional (TC) si sale adelante en los términos propuestos. 

"Si alguien considera que es inconstitucional, va a tener que dar explicaciones", ha subrayado, además de afirmar que el Gobierno tiene "dificultades" para dar "lecciones de coherencia constitucional". 

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas, el anuncio que realizó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que el Gobierno llevará al TC las leyes autonómicas de memoria democrática de Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana porque consideran que van contra la ley estatal que regula esta materia. 

• "Mi más profundo pesar por la muerte de los siete cooperantes", ha dicho el presidente del Gobierno
• Sánchez ha visitado el campo de refugiados de 'Hussein' en Jordania en su gira por Oriente Próximo

• Asegura que antes de recurrir, tratarán de reunirse con los Ejecutivos autonómicos para llegar a un acuerdo
• Aragón avisa de que no dará "un paso atrás" y no cambiará "ni un ápice" la ley autonómica

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo tiene intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas impulsadas por PP y Vox que van en contra de la norma estatal de Memoria Democrática aprobada en 2022. 

En una entrevista en La Hora de La 1, se ha referido en concreto a la ley aprobada por el Gobierno de Aragón y las que quieren aprobar los Ejecutivo de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde en todos ellos gobierna el PP junto a Vox.

FOTO: EFE/ Adrian Ruiz Hierro

La tramitación comienza el próximo martes. El Senado en pleno, a petición del PP, pedirá al Congreso que retire la ley de amnistía. Es el primer conflicto entre órganos constitucionales que se produce en democracia. Una vez que esa petición llegue a la Cámara Baja, el Congreso tendrá 30 días para responder. Si, como es previsible, el Congreso desoye al Senado, el PP pedirá que la Cámara Alta acuda al Tribunal Constitucional. En noviembre, el PP ya modificó el reglamento del Senado para no tramitar la ley con urgencia. Los 'populares' harán todo lo posible para retrasar su publicación en el BOE. Pero tienen un límite, el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones en Cataluña.

Foto: Carles Puigdemont (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)

La vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda ha defendido en Las Mañanas de RNE que, a pesar de que la inflación haya aumentado este mes de marzo llegando al 3,2% según los datos del IPC que proporciona el INE, la inflación subyacente sigue su tendencia a la baja: “Está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país. La política económica que estamos practicando es una política de éxito", remarca la vicepresidenta Montero, que celebra que España esté creciendo "cinco veces por encima de los países de la zona Euro.

Sobre las declaraciones de los últimos días desde ERC y Junts sobre un posible referéndum en Cataluña, Montero ha advertido a los independentistas de que "hay caminos que no conducen a ningún lado". Defiende que al Gobierno no le preocupan las declaraciones de los independentistas, que no van a hacer lo que hizo el gobierno de Rajoy y velarán por el “cumplimiento estricto del orden constitucional”. "No vamos a permitir que haya ningún alejamiento del orden constitucional y eso lo saben los partidos independentistas. Creo que la enseñanza se tendría que haber producido ya. Cuando eso no ocurre, hay que enseñar dónde están los límites", advierte la vicepresidenta primera.

En cuanto a la suspensión de reunión que se iba a celebrar hoy con el PP y la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, en el marco de las negociaciones para la renovación del CGPJ, Montero lo califica de "decepción" esta falta de disponibilidad de los populares, aunque no da nada por roto. La ministra de Hacienda confía en que la próxima reunión se celebre "cuanto antes mejor".

• Asegura que el Gobierno no va a permitir "ningún alejamiento del orden constitucional" y "los independentistas lo saben"

El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional la iniciativa popular por la independencia que tramita el Parlament de Cataluña, una decisión que no ha gustado a la Generalitat y que tacha de electoralista. "Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, porque protege la constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia", ha afirmado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha señalado que con la precampaña electoral "vamos a escuchar muchas cosas".

Esquerra se abstuvo en la votación del Parlament, pero la Generalitat dice que el Ejecutivo vuelve a las andadas. "El Gobierno ha aprendido poco o nada. Recurrir al TC para buscar y coartar el debate parlamentario nunca ha sido una buena opción", ha declarado su portavoz Patricia Plaja.

• Asegura que la ley no tiene como finalidad la convivencia en Cataluña, sino "contrapartidas políticas de gran relevancia"
• Justifica su voto en blanco en un informe reciente para mostrar "neutralidad" ante la cuestión de la constitucionalidad

Un error propició que hace ya dos años la reforma laboral propuesta por el primer gobierno de coalición saliera adelante. En la lógica económica, dos años es un periodo demasiado corto para evaluar una medida, sin embargo, esta reforma laboral ha provocado cambios de calado desde que echó a andar. En 24 meses se ha conseguido dar un tijeretazo inédito a uno de los rasgos que definían nuestro mercado laboral: la temporalidad. Al mismo tiempo, aspectos como el auge de los contratos fijos discontinuos ha generado un gran debate tanto en el plano político, como en el más técnico. Lo analizamos con Aida Caldera, jefa de división en el Departamento de Economía de la OCDE, y Jesús Lahera, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.