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Los presos de ETA han decidicido asumir el acuerdo de Gernika, suscrito hace un año por varias formaciones políticas, que habla del abandono definitivo de la lucha armada y que exige el reconocimiento y reparación de las víctimas, según ha adelantado TVE.

El colectivo de presos de ETA ha hecho público un comunicado en el que ha decidido sumarse a este texto, que pide a ETA un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional" y un cambio en la política penitenciaria.

La escenificación de este paso de los reclusos de ETA realizará este domingo en un acto en el que se leerá un documento del Colectivo de Presos y Presas Políticos Vasco (EPPK).

Se pone así fin al debate interno abierto en las cárceles entre miembros de la banda terrorista sobre el abandono de las armas. El apoyo es mayoritario pero no unánime. Se estima, según informa TVE, que un 10% de los 700 presos que conforman el colectivo es crítico.

Este fin de semana se cumple un año de la firma del acuerdo de Gernika en el que la izquierda abertzale hizo su propuesta para un acuerdo de paz en Euskadi. Según ha podido saber TVE, una gran mayoría del colectivo de presos de ETA va a suscribir, lo que implica la renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas. El documento pide además al Estado que dé pasos para favorecer la paz.

Tras la decisión de la Audiencia Nacional de levantar el procesamiento de tres mandos policiales y devolver el caso Faisán al juez para que siga investigando el chivatazo a ETA, hoy el PSOE ha insistido que el Partido Popular debe pedir disculpas. Para los populares queda claro que se cometió un delito y siguen esperando explicaciones políticas.

La Audiencia Nacional ha estimado este miércoles por unanimidad que hay indicios de delito en el "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, pero no de que sus autores fueran los tres mandos policiales procesados por el juez Pablo Ruz, que deberá seguir investigando el llamado caso Faisán.

La decisión ha sido adoptada por los catorce magistrados del pleno de la sala de lo penal del tribunal después de cuatro horas de deliberaciones sobre los recursos del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros contra su procesamiento.

En una nota de prensa hecha pública por el tribunal, este indica que "el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito", pero que ha revocado el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz "por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación".

Tras cuatro horas, los magistrados han votado y por unanimidad han acordado estimar los recursos del caso Faisán. Creen que los hechos revisten caracteres de delito, pero no hay indicios suficientes contra los procesados, por lo tanto devuelven el caso al juez Pablo Ruz. Los magistrados no se pronuncia sobre si existe ese delito de colaboración. El caso continuará en la Audiencia Nacional.

El caso Faisán entra este martes en un punto crucial en el que se tiene que decidir qué tribunal es competente para juzgar el presunto chivatazo a la red de extorsión de ETA y depurar responsabilidades. 15 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encabezados por su presidente, Javier Gómez Burmúdez, lo están decidiendo, en proceso que podría extenderse a lo largo de varios días.

Comienza en la Audiencia Nacional la vista donde quince magistrados decidirán el futuro del caso Faisán. El pleno escuchará, a puerta cerrada, los argumentos de las defensas que piden su archivo, y de las acusaciones que quieren que se juzgue a los acusados por un delito de colaboración con banda armada y por tanto el caso siga en la Audiencia. Los jueces escucharán también al fiscal que dirá lo contrario y pedirá que el caso se devuelva al juzgado de Irún del que partió. La decisión se conocerá en los próximos días porque han fijado deliberaciones durante toda la semana.

Este mes ha comenzado a aplicarse la reducción del servicio de escolta a las personas amenazadas por ETA. Un plan puesto en marcha por Interior y que no afecta a todos los colectivos por igual. Estos días, 400 escoltas privados están dejando sus puestos en País Vasco y Navarra.

El ex dirigente del sindicato LAB Rafael Díaz Usabiaga volverá a la cárcel para cumplir la condena de 10 años que le impuso el viernes la Audiencia Nacional. Hasta ahora estaba en libertad para cuidar a su madre. El ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, condenado en el mismo caso y que ya está preso, ha recibido hoy la sentencia en los calabozos de la Audiencia.