Durante tres meses, Telefónica hará una prueba piloto para imponer la jornada laboral de solo cuatro días. Todos sus trabajadores podrán acogerse de forma voluntaria y teniendo claro que la medida puede ser reversible. Eso si, quienes lo hagan, cobrarán un 15% menos. Informa Usúa Irastorza.
En España, una de cada tres empleadas del hogar sigue trabajando sin protección social 10 años después de la adopción del Convenio 189 de la OIT. Un acuerdo que nuestro país sigue sin ratificar. Nos lo cuenta Iratxe Llarena.
Las empresas usan algoritmos para cribar currículums en tiempo record, pero también para asignar turnos, decidir el pago de los bonos o despedir a gente. Y aunque su apariencia es de imparcialidad, incorporar sesgos muchas veces ocultos. (Foto: Getty Images)
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que la "previsión" del Ejecutivo es "seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque así está en el "acuerdo de Gobierno" y que quieren hacerlo para "parecerse" más a Europa.
En una entrevista en La Hora de la 1, Belarra ha explicado que la intención es subirlo a lo largo de la legislatura al 60% del salario medio que existe en Europa, que es lo que marca la Carta Europea.
En cuanto a fechas, no ha querido adelantar cuándo se hará pues ha explicado que van a esperar a "ver qué dicen los expertos y cómo puede ser esa continuación en la subida". En este sentido, ha advertido que esta medida no ha quebrado la economía como "algunos dijeron".
En pleno debate sobre si se sube o no el salario mínimo este año, este martes el Banco de España ha analizado en un informe el efecto que esa medida tuvo en el año 2019 en el empleo. Su conclusión es que la subida del 2019 recortó el número de empleos en más de 100.000.
No obstante, el supervisor señala que la decisión sobre el SMI debe tener en cuenta no sólo su impacto en el empleo, sino también en el consumo, la inversión y el ahorro. Y que las mejoras en la equidad podrían compensar el incremento de desempleo. Foto: MARCIAL GUILLÉN / EFE
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este martes a emprender una “reforma sustancial del contrato temporal”, tal como establecen las recomendaciones de la Unión Europea, que a su juicio ponen el foco en “un mal endémico” como es el contrato temporal y la precariedad en España.
Según ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y tal como ha avanzado RNE, su intención es llevar a cabo una reforma “de calado y estructural”, reduciendo la temporalidad de los contratos. Foto: EFE/ISMAEL HERRERO
Carolina Elías, presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, ha denunciado el 14 horas de RNE que las empleadas del hogar están trabajando en peores condiciones, aunque no han perdido puestos de trabajo tal y como denuncia el informe del Banco de España sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2019. “Estamos sufriendo, más que una pérdida de empleo, una pérdida de condiciones porque los cuidados se siguen demandando, pero se prefiere contratar en condiciones precarias”, ha afirmado Elías, que, además, ha asegurado que en muchas ocasiones siguen trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad social. “Esto precariza y nos condena a la exclusión social”. Elías subraya que 45.000 empleadas del hogar recibieron el subsidio que el Gobierno ofreció durante el estado de alarma y lamenta que esa prestación no se haya prolongado en el tiempo como ha sucedido con los ERTES.
El Gobierno ha enviado a los agentes sociales su última propuesta para modificar la reforma laboral. Le da un golpe importante a los contratos temporales. Serán de seis meses o un año como máximo y el empresario tendrá que explicar las causas y circunstancias del despido. Si se incumple, el trabajador se convertirá directamente en indefinido. Informa Esperanza Martín
El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en la actualidad existe algo más de un millón de trabajadores eventuales en el sector público, la mayor parte de ellos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de ese millón de trabajadores eventuales, alrededor de 300.000 interinos estarían en fraude de ley, por llevar en su puesto más de los tres años que marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Para esos 300.000 interinos en fraude de ley, el ministro Miquel Iceta planea impulsar una avalancha de oposiciones en los tres próximos años, hasta finales del 2024. Además, el ministro está negociando con los sindicatos una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que pretende llevar al Congreso este mismo mes de junio, para que ningún nuevo eventual pueda permanecer en su puesto más de tres años.
El ministro quiere que los nuevos eventuales tengan que ser despedidos al cabo de tres años y que su puesto se quede sin cubrir un año más, como fórmula para penalizar a las administraciones que sigan con estas prácticas. El fenómeno de la temporalidad de los empleados públicos se da sobre todo en comunidades autónomas y en ayuntamientos, donde se concentra el 80% del empleo público. En estas administraciones, la tasa de temporalidad es del 40%. En el Estado la tasa de temporalidad es del 8%, y es el porcentaje que el Gobierno quiere que sirva de referencia para el conjunto de las administraciones. El reto es cómo se hace intentando casar de la mejor manera los intereses contrapuestos en juego: de quienes llevan años en un puesto que no han podido consolidar por dejadez de las administraciones y los de quienes aspiran a poder prepararse una oposición y concurrir a pruebas abiertas para todo el mundo.
Lo cuenta Rosa Sánchez en esta sección del 24 horas.
