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La Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Educación promovida por la titular de Educación Isabel Celaá por una mayoría de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones; los votos de los socios de la investidura han sido claves: Esquerra, PNV, Más País y Compromís han votado a favor. La ley pasa ahora al Senado y el Ejecutivo espera su aprobación para el primer trimestre del año 2021.

El debate sobre el dictamen a la Lomloe o 'ley Celaá' ha acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia. 

Los portavoces del PSOE y del PP en el Pacto de Toledo, Mercé Perea y Tomás Cabezón, han destacado en 'Las mañanas de RNE' el amplio acuerdo sobre las recomendaciones para "garantizar la sostenibilidad de las pensiones" que vota este jueves el Congreso. "Son un punto de inflexión porque marca un antes y un después de lo que no puede volver a pasar. No puede haber reformas de país que se cambien por una mayoría absoluta", ha dicho la socialista. El popular, Tomás Cabezón, ha dicho que, para alcanzar un acuerdo de este tipo, todos deben ceder. "Si hubiéramos tensado más la cuerda de un lado o de otro, no habría salido adelante".

El líder del PP, Pablo Casado, ha tachado de "infame" el apoyo de Eh-Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez, que se visibilizó la semana pasada en la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, y ha advertido de que los "pactos" con la formación abertzale "le van a perseguir toda su vida"El presidente, por su parte, ha cargado contra la estrategia "trumpista" de Casado y le ha advertido de que tendrá "el mismo final" que el presidente saliente de EE.UU., Donald Trump: "el fracaso y la derrota electoral".

Lo ocurrido este martes en Canarias después de que se ordenara la salida de inmigrantes del campamento de Arguineguín sin tener un recurso alternativo para alojarlos ha recalado un día después en el Congreso de los Diputados.

El Partido Popular y Ciudadanos han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a esa petición se suma también Podemos Canarias, que le acusa de “jugar con la dignidad de los migrantes”.

Mientras, Coalición Canaria reclama una respuesta al “drama humanitario” y pregunta si es necesario un partido independentista en las islas para que el gobierno les haga caso.

El Gobierno investogará lo ocurrido en Arguineguín, Canarias, donde más de 200 inmigrantes recibieron la orden de abandonar el campamento solo con agua y sin destino. En cualquier el ministro del Interior cree que no hay motivos para su dimisión. También ha dicho que este miércoles comenzará el traslado de las personas allí alojadas a las dependencias de Barranco Seco.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arremetido este miércoles duramente contra el Gobierno central a causa de la crisis migratoria que está atravesando el archipiélago canario y ha preguntado si es que tiene que volver el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "haga caso a Canarias".

Oramas ha lamentado el "drama humanitario" que se vive en Canarias y ha avisado: "Canarias es un polvorín, es un volcán, es una razón de estado".

La sesión de control al Gobierno ha estado marcada por los presupuestos y el apoyo de Bildu, que Pablo Casado ha calificado como infame a lo que Pedro Sánchez ha respondido que siguen sin aceptar que perdieron las elecciones. Tambien ha dicho que el PNV sigue siendo un socio preferente.

Vox ha instado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a parar la Comisión de Información porque no permite "el periodismo libre", mientras que el vicepresidente segundo del Gobierno les ha acusado de esparcir "bulos" y "desinformar" con mentiras. El vicepresidente cuarto del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha sacado este asunto a colación durante la sesión de control al Gobierno y ha aprovechado su debate con Iglesias para preguntarle si piensa cesar a Del Olmo "por acusar falsamente a una persona de violador cuando no podía defenderse porque había sido asesinado".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que el PSOE hoy "lidera un proyecto de ruptura de España" y ha acusado al Gobierno de "vender su alma al diablo" al pactar los Presupuestos con EH Bildu, una formación que "todavía no ha condenado el terrorismo". Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo, le ha recordado que el PP también ha votado "13 veces lo mismo que Bildu" estos últimos meses y ha subrayado que en 40 años los dos grandes partidos "han pactado con todos, como es debido en democracia".

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de "infamia" para las víctimas de ETA el "pacto" con Bildu para su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, además ha recordado los asesinatos a políticos del PP y del PSOE por la banda terrorista. Además, le ha acusado de orillar el castellano con sus leyes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que el PP sigue una estrategia "trumpista" de mentiras "para volar todos los puentes". Le ha recordado que fue un gobierno socialista el que acabó con ETA y que 198 diputados de la Cámara apoyan los PGE.

El Ejecutivo pretende contar con la mayoría que facilitó la investidura, pero las más de 2.000 enmiendas presentadas no auguran una aprobación fácil de las cuentas estatales. Entre ellas se encuentra una presentada por Esquerra y Bildu para prohibir desahucios y que ha apoyado Podemos. Fuentes moradas aseguran que este movimiento lo conocían en Ferraz y buscan así asegurar el apoyo de sus socios de investidura. El PNV pone como condición la eliminación del impuesto al diésel, mientras que Ciudadanos, que ha presentado más de cien enmiendas, sigue tendiendo la mano al Ejecutivo. Informa David Fernández.