La vivienda es la mayor preocupación de los españoles y toda la esfera política tiene sus propuestas sobre la mesa para paliar la crisis de los precios disparados. Los expertos, sin embargo, avisan de que no hay una "varita mágica" para solventar el problema en un corto plazo.
TVE habla con distintas familias de un bloque de vecinos que ha sido comprado con una empresa y que están pendientes de su desahucio: "Ha venido una empresa, ha comprado el bloque y ha decidido hacer negocio y echar a todos los vecinos".
Sindicatos y fondos de inversión ven la crisis de la vivienda desde diferentes perspectivas. Un equipo de TVE les ha preguntado, entre otras cosas, por posibles soluciones a los desahucios: desde la empresa se insta a aumentar la oferta de suelo y vivienda y el Sindicato de Inquilinas opta por renovaciones automáticas de los contratos de alquiler. Pese a las discrepancias, sí hay algo en lo que ambos coinciden: la importancia de las alternativas habitacionales.
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Los vecinos de este bloque de viviendas van a protestar en la calle y defienden su derecho a quedarse. En total son más de 150 familias afectadas. El Gobierno Vasco ha dado prioridad a la declaración de Erandio como zona tensionada, pero probablemente no llegará hasta enero
El Consejo General del Poder Judicial apunta que los desahucios en la vivienda caen más de un 45% en 2026 y apuntan a que el 66% son por impago del alquiler. Los datos de Castilla y León en 2024 refieren 825 lanzamientos por no pagar la mensualidad, siendo León la provincia en la que más desahucios se practicaron, seguida de Valladolid y Burgos. Las provincias en las que menos son Soria y Zamora.
El portal inmobiliario Idealista sitúa con fecha de agosto en 9,7 euros el metro cuadrado.Es decir, un piso de 80 metros costaría de media en la comunidad 776€ al mes. En Castilla y León, 31 mil viviendas pertenecen a grandes tenedores. El 1,8% del mercado de alquiler está en manos de propietarios de al menos 10 viviendas, es el porcentaje más bajo de toda España.
#YaTDigo - El desahucio de Maricarmen es ya un símbolo para muchos de la crisis de vivienda que atraviesa España. El fondo que compró su edificio ha logrado, tras tres aplazamientos, ejecutar el lanzamiento de esta jubilada de casi 88 años discapacitada.
Su pensión, de menos de 1.500 euros, no alcanza para pagar el alquiler puesto por los nuevos dueños del piso y, ni la presión social, ni las peticiones de la ONU, lo han paralizado. Su imagen, saliendo en camilla de la casa en la que ha vivido 70 años, recorre ahora las portadas.
En el origen: la legislación que impedía en el Franquismo a las mujeres firmar su propio contrato. Y no es el único caso.
Nos lo cuenta @javier.garcia.martin
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El incremento incesante de los precios del alquiler ha extendido la crisis habitacional en España, afectando no solo a los colectivos vulnerables. Casos como los de Mari Carmen o David en Madrid reflejan un problema estructural donde los desahucios por impago representan casi el 65% del total.
Ante esta situación, impulsada por la venta de viviendas sociales a fondos de inversión e inercias de la ley estatal, el Gobierno intentó aplicar controles a los alquileres de temporada y protecciones a familias vulnerables. Sin embargo, en grandes ciudades como Barcelona o Madrid ya no existen pisos por debajo de 700 euros.
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El veto del Congreso en abril al real decreto-ley de prórroga extraordinaria de los alquileres ha dejado en un vacío jurídico y un escenario de incertidumbre a miles de alquilados en España.
Si el casero aceptó expresamente la prórroga durante el tiempo en que el decreto estuvo en vigor, esa aceptación es vinculante y obliga al propietario a mantener el acuerdo por los dos años adicionales con el tope del 2% de actualización.
Si se envió un burofax solicitando la ampliación pero el propietario no llegó a aceptarla antes de la derogación de la norma, o si el contrato vencía tras el fin de la vigencia del decreto, la petición carece de respaldo legal definitivo. Este es el escenario más confuso y abre la puerta a litigios y a la oposición del casero cuando se produzca el vencimiento del contrato.
Fotografía: Mario Guti vía Getty
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo Plan de Vivienda Asequible, un reglamento que da a las autoridades mayor seguridad jurídica para restringir el alquiler turístico y la compra de inmuebles no destinados a residencia habitual en las zonas más afectadas por la crisis de vivienda.
La norma define, en el derecho comunitario, la 'zona bajo tensión de vivienda', que podrá declararse si el precio medio de una casa o piso equivale al menos a ocho veces a la renta disponible per cápita en la zona, si esa proporción aumentó en la última década y si no se prevé que la tensión se alivie en los siguientes tres años.
Fotografía: Antonio Hugo vía Getty
Durante media hora del informativo 24 horas de RNE, con Lara Hermoso, hablamos de un fenómeno que expulsa a los residentes de muchos barrios de infinidad de ciudades: la gentrificación. Nuestra compañera Laura Hijón, pasea por el distrito Centro de Madrid con vecinos como Aurora, Manolo o Merche, que llevan casi todas sus vidas habitando en zonas como el barrio de Las Letras o Lavapiés: "Había de todo en el barrio. Ahora son souvenirs, souvenirs, souvenirs", lamenta Aurora, que denuncia los ruidos y molestias de los turistas que pasan sus vacaciones en pisos de su edificio. Manolo Osuna, que conoce Lavapiés desde que tiene uso de razón, nos cuenta que los vecinos se ven obligados a irse de la zona por la proliferación de alojamientos turísticos: "Están convirtiendo edificios completos en pisos turísticos".
En el estudio 101 de la Casa de la Radio nos acompaña Casilda Rivilla, presidenta Asociación vecinal Sol y Barrio de las Letras. Rivilla explica la transformación del barrio y ese sentimiento de expulsión, sobre todo propulsada por el turismo masificado: "Cómo no sentir que toda tu vida se va transformando en algo diferente porque hay que dar servicio a toda esa población flotante que no vive ahí, que solo está de paso, pero que demanda muchísimos servicios que no tienen nada que ver con la gente que vive ahí. Estamos pasando a ser una especie en peligro de extinción". Puedes escuchar el bloque completo en RNE Audio.
Encontrar alojamiento para los universitarios es un quebradero de cabeza... Alquilar una habitación o un piso compartido no baja de los 300 euros al mes.. Las propias universidades crean plataformas para ayudar a los alumnos porque esta subida de precios impide ya a muchos poder estudiar fuera de casa.
Con los alquileres disparados, las residencias de estudiantes cobran interés entre universitarios e inversores.
Hasta 20 han abierto en todo el país en el último curso: ya son más de un millar. Un negocio al alza durante en un lustro, impulsado por el creciente coste del alquiler de pisos para estudiantes.
El atractivo de España como destino universitario aumenta una demanda difícil de atender por los elevados precios del alquiler y el déficit de camas.
En algunos lugares, el coste de los pisos compartidos se acerca al de la residencia privada. Si a eso se suma los servicios que incluye (suministros, limpieza o zonas comunes), ya no se aleja tanto su coste del alquiler tradicional.
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