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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda que contemplan, entre otras medidas, la prórroga automática de los contratos de alquiler, como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas, y prohíbe la compra de pisos a los fondos buitre hasta 2028. También la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones o la reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda pública. El Gobierno ha pedido al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para la convalidación de los dos textos y espera concitar la mayoría suficiente para que ambos salgan adelante, como ha señalado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Foto: EFE/Rodrigo Jiménez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda para dar respuesta a la crisis habitacional que sufre el país.

El primer texto recoge una amplísima batería de medidas, entre ellas, la prohibición de que los fondos buitre compren pisos hasta 2028, la prórroga de los contratos vigentes hasta 2029 y una ampliación hasta 2030 de las medidas de protección ante desahucios.

El segundo texto desarrolla la propuesta de Sumar de renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido. Esta es además la exigencia que el Sindicato de Inquilinas había puesto sobre la mesa.

FOTO: Europa Press/Álex Zea

Cuando Bruno llega a la Puerta del Sol, no lo hace por primera vez. Tiene 21 años, forma parte del Sindicato de Estudiantes y ha venido a tomar el relevo de sus compañeras, que llevan acampadas desde que terminó la manifestación y la protesta se convirtió, de manera espontánea, en una acampada. "Llevamos aquí desde el principio", explica.

Para Bruno, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de su generación. "Es algo crítico, algo vital para nosotras y por lo que queremos luchar y defender", asegura. Lo ve cada día entre sus compañeros de universidad: jóvenes que comparten piso porque no pueden asumir otra opción, que tienen que vivir lejos de sus facultades o que pasan más de una hora diaria en transporte público para poder acudir a clase. "Nadie se puede permitir una residencia. Compartimos piso como buenamente podemos", cuenta.

Por eso rechaza el discurso de que la juventud se está acercando mayoritariamente a la extrema derecha. "Ese es un discurso que nos están intentando colar, que nos están intentando vender", sostiene.

A sus 21 años, Ruth ya sabe lo que significa que la vivienda condicione la vida de una persona. Trabaja como camarera, estudia audiovisuales y actualmente alquila una habitación en Carabanchel por 475 euros al mes. Forma parte de la Asamblea de Vivienda de Villalba y el sábado llegó a la Puerta del Sol directamente desde la manifestación, junto a otras asambleas de vivienda de Madrid.

"Pago 475 euros por una habitación y es asfixiante", cuenta. Esa realidad, explica, fue una de las razones que la llevó a acercarse al movimiento por la vivienda. Durante mucho tiempo sintió la frustración de muchos jóvenes al ver cómo el problema crecía a su alrededor sin saber qué podía hacer para cambiarlo. Hasta que encontró en redes sociales la Asamblea de Vivienda de Villalba y decidió implicarse.

La que también conoce de primera mano las dificultades para acceder a una vivienda es Rufina Parra, una mujer migrante de 56 años que se dedica al sector de los cuidados. Actualmente está sin trabajo, aunque lleva dos años afiliada y militando en el Sindicato de Inquilinas. Su historia está marcada por lo que define como un "desahucio encubierto": no llegó a vivir un desahucio como tal, pero, según cuenta, el propietario decidió no renovar su alquiler y la expulsó de la vivienda después de haber pagado durante años la hipoteca con sus rentas.

"Yo no sufrí un desahucio como el de Maricarmen. A mí simplemente me pidieron la casa y me echaron como si fuera un saco de patatas”, relata. Ante la imposibilidad de asumir las condiciones que se le planteaban para continuar en la vivienda, Rufina se vio obligada a volver a un mercado del alquiler que describe como “represivo, corrosivo e impresionante”, una situación que, asegura, terminó afectando también a la salud de su familia.

Hablamos con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen y activista de la PAH

"Que Maricarmen pueda volver a su casa es un éxito de la organización social"

En Las Mañanas de RNE, hablamos con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, la mujer desahuciada a sus 87 años. La letrada asegura que espera el regreso de Maricarmen a su hogar tan pronto como reciba el alta hospitalaria, si bien estudiará con ella el preacuerdo alcanzado para aceptar las condiciones. Ha reprochado al Ayuntamiento de Madrid que se arrogue el éxito de la operación tras haber ofrecido labores de intermediación con la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble, y ha cargado contra las distintas administraciones públicas (municipal, regional y estatal) por no haber proporcionado una alternativa habitacional a Maricarmen tras su desahucio. Duro también ha subrayado que Maricarmen recupere su piso "es consecuencia de la organización social, que ha conseguido que hablemos de un hecho histórico, como es que una persona desahuciada pueda volver y recuperar el uso de su vivienda".

#MVAM @almudena.ariza te cuenta cómo resuelven el problema de la vivienda en otros países en su repaso exprés de la actualidad internacional:

El Ayuntamiento de Viena es el mayor casero de la ciudad. Alquila 220.000 pisos y concibe la vivienda como un derecho, no como un negocio.

En Singapur, tres de cada cuatro residentes viven en pisos públicos. El Estado construye unas 20.000 viviendas al año y vende el derecho a ocuparlas durante 99 años.

En Zúrich, los vecinos construyen juntos. Forman cooperativas y el Ayuntamiento les cede el terreno.

En Uruguay, las familias levantan sus casas. Aportan su trabajo y reciben préstamos del Estado para construirlas.

En Países Bajos, alojamiento a cambio de compañía. Estudiantes viven sin pagar alquiler en residencias de mayores y pasan tiempo con los residentes.

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A Arancha, 49 años, la acampada de la Puerta del Sol le pilló volviendo a Madrid. Se acordó del 15M y, como entonces, no dudó en agarrar su tienda de campaña y plantarse allí esa misma noche. Reconoce que la gente aprendió de aquella primera acampada hace 15 años: hoy todo está más organizado, una comunidad que se gestiona horizontalmente y que espera resistir más allá de la aprobación del Decreto Maricarmen.

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Oriol tiene 28 años y fue uno de los primeros en instalar su tienda de campaña en la Puerta del Sol, de Madrid, el sábado 26 de septiembre. Ya tiene experiencia en estas luchas colectivas, pertenece a la Acampada por Palestina que se manifestó en contra del genocidio en Gaza hace dos años. Dedica gran parte de su sueldo como profesor de universidad a pagar su alquiler en Madrid y, si la situación no cambia, sabe que está condenado a compartir piso para siempre.

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A sus 21 años, Irene es una de las más jóvenes del Sindicato de Inquilinas, plataforma convocante de la acampada que comenzó el 26 de septiembre en la Puerta del Sol. Antes de plantar su tienda de campaña allí, estuvo también en la que intentó parar el desahucio de Maricarmen sin éxito. Confiesa que a veces no sabe en qué día vive, está cansada de dormir en el suelo, pero las muestras de apoyo y cariño que están recibiendo le anima a seguir.

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#YaTDigo - ¿Un nuevo 15M? La acampada de Sol recuerda bastante a la que hace 15 años sacudió el país, pero hay diferencias básicas.

La crisis de 2011 llevó a los indignados a cuestionar todo el sistema: las instituciones, la banca, los partidos... Ahora, el motor de estas protestas está centrado en un tema, los alquileres, y con la tracción principal de una organización, el Sindicato de Inquilinas.

Nos lo cuenta @javier.garcia.martin.

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