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En ese encierro se ha hablado también sobre el aborto. Tras la polémica abierta en Castilla y León por las medidas contra la ley del aborto, hoy algunos partidos de la oposición han denunciado, aquí en Andalucía, carencias a la hora de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública andaluza.

Borja Sémper, portavoz de la campaña electoral del Partido Popular, ha cuestionado en Las Mañanas de RNE el comportamiento de Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, al que califica de “singular” y acusa de “haber realizado un anuncio que no existe”. “Un vicepresidente irresponsable que provoca un requerimiento fantasma por parte del Gobierno”, han sido las palabras de Sémper, quien considera que desde Vox están tendiendo la mano para que el Ejecutivo “tape sus propios problemas”.

Resalta que el objetivo del Partido Popular es gobernar en solitario y alejarse del modelo actual de coalición, y critica que estemos asistiendo a “una reforma del Código Penal que está al albur de los intereses del presidente del Gobierno”, como ha señalado.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles al Gobierno de Castilla y León “garantías” de que no aplicará el protocolo antiaborto anunciado la semana pasada.

“Su vicepresidente y otras voces corales en su formación a nivel nacionales siguen diciendo que sí, que efectivamente había un acuerdo y que habían consensuado que se ponía en marcha una actuación”, ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, por lo que ha instado a que el Ejecutivo autonómico ofrezca “garantías de que no es una cuestión verbal”.

En su opinión, el PP “nos tiene acostumbrados a no tener proyecto de país, pero sí una agenda oculta que no sale a la luz hasta que no se desenmascara”. “No se trata de que contesten los medios de comunicación, sino por los mismos medios que el Gobierno”, ha añadido.

La vicesecretaria general del PSOE también se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía al auto del juez Llarena, donde pidió aplicar a Puigdemont el delito de desórdenes públicos agravados: "Lo que pone de manifiesto es que el PP mentía al decir que habíamos despenalizado cualquier tipo de malversación", ha dicho.

El secretario general de Vox y líder de este partido en el Parlament catalán, Ignacio Garriga, ha advertido este martes de que su partido "exigirá" el cumplimiento del acuerdo del nuevo protocolo antiaborto y medidas "provida" en Castilla y León y ha abierto la puerta a revisar la coalición en el Gobierno de la Junta. Mientras, el PP recalca que Vox no tiene competencia, y el Gobierno pone el foco en el Partido Popular.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior". Se trata del paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional, ante el protocolo antiaborto de la Junta de Castilla y León. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros y ha advertido que las comunidades autónonomas no pueden establecer "requisitos adicionales" para el acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que impulsará "cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía".

Foto: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el complejo del Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al Gobierno central de "sobreactuar" con el requerimiento a Castilla y León por el protocolo antiaborto planteado por Vox, porque, ha insistido, no se va a aplicar.

"El Gobierno (de Pedro Sánchez) ha anunciado un requerimiento ante una decisión que no figura en ningún boletín oficial y ante una decisión que dijo el presidente que no iba a suceder", ha subrayado en una entrevista en La Hora de la 1.

Preguntado también por el cese de la consejera de Sanidad, la exdiputada de Vox María Isabel Campuzano, López Miras ha descartado que tenga que ver con la formación de Santiago Abascal porque Campuzano no forma parte de ese partido.

FOTO: Fernando López Miras, durante una comparecencia en el Palacio de San Esteban este lunes. EFE/Marcial Guillén

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno aprobará este martes un nuevo requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León contra el protocolo antiaborto anunciado la semana pasada tras el Consejo de Gobierno del gobierno autonómico.

El objetivo, ha dicho Bolaños, es que "cesen inmediatamente en cualquier retroceso de los derechos de las mujeres". Y ha advertido al Ejecutivo de PP y Vox que están "extralimitando" sus competencias.

Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

En medio de la confusión sobre las medidas que tomará el gobierno de Castilla y León respecto a las mujeres que quieran interrumpir su embarazoJavier Martínez-Guisasola, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en la comunidad, ha explicado en Las Mañanas de RNE que, por el momento, no existe ninguna orden que obligue a las embarazadas o a los sanitarios, pero considera que, en caso de tomarse,  "se debe consensuar con los profesionales y ver si tienen base científica". Aunque, a su parecer, se trata de una medida "cruel" para las mujeres. "Me da la impresión de que Vox desconoce el trabajo que hacemos los ginecólogos y las matronas", ha apuntado Martínez-Guisasola, refiriéndose a la labor informativa y al respeto en la toma de decisiones de las embarazadas, y ha indicado que, aunque se desconocen los efectos reales, no es recomendable aplicar herramientas tan potentes como la de las ecografías 4D sobre individuos tan pequeños como un feto. 

Frente al ciclo electoral de 2023, la secretaria de organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030 ha asegurado en 24 horas de RNE que las encuestas actuales "hay que cogerlas con precaución". "El deseo principal de Podemos es dar certezas de cara al ciclo electoral", ha asegurado. Preguntada por la posibilidad de unir fuerzas junto a Yolanda Díaz, Verstrynge ha confirmado que "hay que trabajar desde ya por candidaturas de unidad que sean ganadoras para la izquierda". "El reto que tenemos es muy importante: consolidar todos los avances del gobierno de coalición". "Yolanda Díaz está conformando su partido, que es Sumar. Nosotros ya hemos dicho que respetamos sus tiempos y que creemos que todavía es posible llegar a un acuerdo de coalición porque todavía quedan meses", ha argumentado y ha añadido que "es una realidad que la unidad se construirá mejor si se hace con tiempo, previsión y no se espera al último día".

Podemos ha propuesto recientemente intervenir el mercado de los alimentos para fijar precios máximos en productos básicos. La secretaria de Organización de la formación ha afirmado que es viable llevarlo a cabo: "Saliendo de las cenas de Navidades todos hemos podido comprobar que los precios están desbocados" y ha comparado la medida con la que se hizo con las mascarillas. El tipo de cesta básica, según Verstrynge, será con productos que tengan el mismo precio que había "al inicio de la invasión de Ucrania".

Finalmente, preguntada por el polémico plan antiaborto de Castilla y León, Lilith Verstrynge cree que "es grave que exista un partido contrario al derecho al aborto en el siglo XXI", pero más grave aún es, a juicio de la secretaria de Estado, "que el PP les abra las puertas para vulnerar los derechos de las mujeres", ha asegurado. 


Entrevista a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, que ha calificado de "lamentable lo que estamos viendo en Castilla y León" con el protocolo antiaborto impulsado por Vox. La ministra cree que son necesarias "explicaciones" por parte de Feijó para saber si va "a cumplir con Vox o va a cumplir con la ley" y ha asegurado que desde el Gobierno se van a asegurar de que se cumpla la ley.

Sobre su candidatura a la alcaldía de Madrid para las elecciones de mayo ha garantizado que "con su experiencia", como alcaldesa podría hacer que los madrileños vuelvan a sentirse orgullosos de Madrid, una ciudad que requiere de una "mejora de los servicios públicos". Reyes Maroto asegura que afronta el reto "con ganas y profesionalidad".

Foto: TVE

El próximo 18 de enero comienza la Feria Interncional de Turismo en Ifema (Madrid). Es el primer año sin restricciones tras la pandemia y en el 24 horas de RNE ha estado Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo para hablarnos de las novedades de este año.

Reyes Maroto asegura que "España recuperó muy pronto la confianza en el sector" y añade que el año pasado nuestro país recibió "71 millones de turistas internacionales". Además, hace balance y pone nuevos objetivos: "Un elemento que tiene que reforzarse en 2023 es captar a más turistas de larga distancia"

También ha reaccionado a la polémica del protocolo antiaborto de Castilla y León : "Este protocolo intimida a las mujeres y limita sus derechos y libertades (...) Lo más preocupante es la ausencia de respuesta del líder del PP Alberto Núñez Feijóo"



Desde que el vicepresidente de Castilla y León hizo el anuncio sobre el protocolo antiaborto, han sido horas de confusión para los médicos de la comunidad, pendientes de una instrucción que no ha llegado porque finalmente no hay cambios, tal y como ha indicado este lunes el presidente Mañueco. "Se sigue actuando con los mismos protocolos de la ley de plazos y de la derivación a los centros para hacer los abortos que se indiquen", confirma el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Segovia, Miguel Marina.

Las novedades anunciadas, según el presidente de la Junta, son solo una ampliación en la cartera de servicios para todas las embarazadas, no solo para las que quieran abortar. Los sanitarios aseguran que someter a las mujeres a pruebas que no deseen podría considerarse una coacción. Foto: EFE/ Marta Pérez