Prisión permanente revisable: sí o no

• El caso de Diana Quer ha reabierto el debate sobre la PPR
• En un momento en el que el Congreso tramita su posible derogación

Las mañanas de RNE - Prisión permanente revisable: sí o no

La detención de José Enrique Abuín, el presunto autor de la muerte de Diana Quer, ha reabierto el debate sobre la prisión permanente revisable. Lo hace en un momento en el que, además, el Congreso tramita su posible derogación. Desde el Gobierno insisten en defender una medida, insisten, reclamada por la sociedad. No así, buena parte del mundo judicial.

Este lunes en su "Informe Planella", Las mañanas de RNE, ha tratado en profundidad la cuestión de la prisión permanente revisable (PPR) con Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer; Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante; Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal de la UNED, y José Luis Pascual, presidente del sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

Desde su aprobación en 2015, la PPR se ha solicitado en un puñado de ocasiones y sólo hay un condenado firme: David Oubel, el parricida de Moraña. La medida entró en vigor apenas unos días antes del crimen y el fiscal jefe de Pontevedra no dudó en solicitarla. Candela y Amaya tenían 9 y 4 años cuando su padre las asesinó. La madre de las pequeñas inició una campaña en change.org para pedir el mantenimiento de la PPR. Campaña que cuenta con el apoyo de las familias de otros menores asesinados como Mariluz o Marta del Castillo.

El padre de Marta, Antonio, recordaba hace unos días en TVE el apoyo popular a la medida. Los populares aprobaron la PPR en 2015. Es una pena que se puede imponer solo en casos de máxima gravedad, debe ser revisada cada cierto tiempo y existe en la mayor parte de países de la Unión Europea.

Como ocurrió con otras medidas que los populares sacaron adelante en solitario, la PPR fue recurrida ante el Constitucional por la oposición que, además, inició su derogación en el Congreso en octubre. Dicen sus detractores que atenta contra el artículo 25.2 de la Constitución, que exige la reinserción social de los presos, pero el Gobierno insiste en defenderla. Rajoy ha avisado de que no solo reclamará en el Congreso que se frene la derogación sino que también estudia una posible reforma que castigue con la máxima pena de libertad a los responsables de un asesinato que, además, hayan ocultado el cadáver.