El juez Llarena confirma la retirada de la orden de detención a Puigdemont y acerca la amnistía con críticas al Constitucional
- Recuerda que la decisión final de perdonar el delito de malversación depende de la Sala de lo Penal
- Directo: Sigue toda la última hora sobre la actualidad política de la jornada
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés', ha ratificado su decisión de levantar las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en un auto de respuesta al amparo de la exconsellera Dolors Bassa, aunque ha lanzado críticas a la corte de garantías por falta de "mesura en los calificativos" de su sentencia.
De este modo, el instructor de la causa desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular, representada por Vox, contra su decisión del 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente dichas órdenes de detención.
“🔴 En el Tribunal Supremo, el juez Llarena ratifica el levantamiento de la orden de detención al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ▪️ Aplica la amnistía, pero recuerda que la decisión final de perdonar los delitos depende de la Sala de lo Penal 🎙️ @gema_alfaro https://t.co/ul7leGjA7T“
— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado puntualiza que este pronunciamiento se refiere únicamente al alzamiento de las órdenes de detención, y que no supone la conclusión del sumario de procesamiento, ni el sobreseimiento de la causa, pues, señala, es algo que le corresponde a la Sala de lo Penal del alto tribunal -la que juzgó el proceso independentista catalán-.
En este sentido, recuerda que el Supremo no ha perdonado todavía el delito de malversación por el que está procesado Puigdemont, que no pudo ser juzgado al huir, junto con Comín y Puig, al entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial, algo que el Constitucional ha descartado.
Reconoce que ha de aplicarse la doctrina del TC aunque no la comparta
Además, el magistrado admite que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por la corte de garantías, de la que dice echar en falta "mesura" en su sentencia.
"La discrepancia de este instructor no se sitúa al margen de los principios constitucionales, sino en el mismo plano en el que cinco magistrados del Tribunal Constitucional han defendido la validez de la interpretación que los otros siete rechazan. No se invoca esa división como prueba del error de la mayoría ni para restar autoridad a la sentencia, sino porque refleja el verdadero alcance de la controversia: no se discutía cuál era la lectura que había de darse a la ley, sino si la interpretación del Tribunal Supremo podía ser descalificada como inadmisible o imprevisible", señala Llarena.
Según el magistrado, "que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. La mayoría resuelve la controversia y su decisión vincula, pero los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal".
No se pronuncia aún sobre la aplicación de la amnistía a la malversación
Por ahora, el juez Llarena no se ha pronunciado sobre la solicitud de Puigdemont, quien la semana pasada pidió que se le aplicara "sin más demora" la ley de amnistía y archivase definitivamente la causa contra él por el 'procés', después de que el Tribunal de Cuenta le absolviera en aplicación de dicha norma. En su escrito de alegaciones al Supremo, el también líder de Junts subrayaba que no quedaban ya "obstáculo alguno" para que se le aplicara la norma.
La decisión del Tribunal de Cuentas llegaba después de que el Constitucional respondiera a un recurso de la exconsellera Dolors Bassa, en el que avalaba que el delito de malversación debía ser amnistiado. Y aunque esta decisión competía únicamente a Bassa, también podría afectar a Puigdemont, pues abría la puerta a que se le pudiera aplicar esa medida de gracia.
En su escrito, el expresidente catalán también solicitaba que se dictara resolución que declarase terminado el sumario en su contra, que seguía abierto porque no pudo ser juzgado al huir de la justicia en octubre del 2017 después del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia. Asimismo solicitaba "el alzamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión dejadas provisionalmente sin efecto por auto de 6 de octubre de 2026" y "cualesquiera otras medidas cautelares" acordadas.
Además de sobre Puigdemont, por el delito de malversación también estaban procesados Comín y Puig, que tampoco fueron juzgados al haber huido, y estaban condenados el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
El pasado jueves en una entrevista a TVE en su casa de Waterloo el presidente de Junts ha dejado entrever que, una vez aplicada la ley de amnistía y pueda regresar a Cataluña, no ejercerá como jefe de la oposición.
Una conversación más centrada en su vida personal estos nueve años fuera de Cataluña en la que ha negado que huyera en el maletero de un coche.
