Amnistía Internacional denuncia ejecuciones y torturas del M23 a mineros en República del Congo
- Acusa también a Ruanda de ser cómplice de estas prácticas consideradas crímenes de guerra
- Pide a la comunidad internacional que detenga las actividades comerciales con este país
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Combatientes del movimiento militar rebelde 23 de Marzo (M23), respaldados por Ruanda, cometieron abusos contra mineros en el este de República Democrática del Congo (RDC), y facilitaron el tráfico de oro y coltán a la vecina Ruanda con la ayuda de las autoridades ruandesas, ha denunciado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este lunes.
El documento recoge evidencias documentadas de ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, detención arbitraria y trabajo y reclutamiento forzoso. Asimismo revela que combatientes del M23 obligaron a mineros a extraer minerales, en muchos casos obligándoles a trabajar bajo tierra durante más de una semana, sin interrupción, en minas de coltán cerca de Rubaya, en la provincia de Kivu septentrional, y Lomera, una explotación minera en la provincia de Kivu meridional. Estas prácticas -apunta la organización- pueden ser constitutivas de "crímenes de guerra".
Entre los muchos abusos documentados se encuentra la ejecución sumaria de 18 mineros en las minas de Rubaya y Lomera. Según el testimonio de compañeros y familiares recogidos en el informe, a 10 los mataron a golpes, dos murieron por disparos y seis fueron hallados sin vida más tarde. "Lo golpearon en el pecho con una piqueta, y cuando denuncié al hombre que lo mató a golpes me metieron en la cárcel. Me impusieron un castigo de dos semanas sin salario. Dije a la gente que quería llevar su cuerpo a nuestra familia. Lo enterraron como a un animal" ha relatado el hermano de una de las victimas, también minero.
“Lo golpearon en el pecho con una piqueta, y cuando denuncié al hombre que lo mató a golpes me metieron en la cárcel.“
El informe también recoge el testimonio de 16 mineros y civiles que vivían cerca de las minas, que relatan cómo fueron torturados y sometidos a malos tratos por combatientes del M23 o guardias de seguridad que colaboran con ellos. Estos castigos tenían lugar, normalmente, en tres containers de mercancías que el grupo rebelde utilizaba como celdas de detención cerca de Rubaya, y los recibían cuando pedían descansos, se negaban a entregar minerales, por infracciones menores o por intentar comunicarse con las autoridades de Kinshasa. "Es preferible morir a estar detenido allí" señala uno de los testigos en el informe, que apunta que las palizas eran tan brutales que muchos perdían el conocimiento.
La investigación de Amnistía Internacional también ha documentado el uso de celdas de detención dentro de las propias minas. Allí el M23 retenía a los trabajadores para que no abandonasen sus puestos de trabajo. Estas prisiones subterráneas reciben el nombre de 'ndakes', y al menos 20 mineros en Rubaya permanecieron en ellas, sin salir al exterior, durante prolongados periodos de tiempo. Siete de ellos relatan que los combatientes del M23 les amenazaban con enviarlos a centros de adiestramiento militar del grupo si no pagaban rescates por su liberación; o incluso con ejecutarlos a sangre fría. "Dijeron que me matarían y que luego me pondrían un arma y dirían que era de los Wazalendo" (un grupo armado local) relata una de las víctimas.
El papel de Ruanda
El M23 controla decenas de minas en Kivu septentrional y Kivu meridional, pero no cuenta con una red logística internacional que saque el mineral de la zona y lo comercialice- apunta el informe. Aquí es donde entra en juego el país vecino de Ruanda, con el que RDC mantiene un conflicto armado desde marzo de 2022 (a pesar de la firma de un acuerdo de paz en diciembre de 2025). 26 testigos, entre ellos mineros, expertos, propietarios de las minas y familiares de las víctimas (así como numerosas pruebas fotográficas y videográficas) acreditaron la presencia de personas ruandesas que hablaban kinyarwanda (la lengua de Ruanda) en estas explotaciones, que jugaban el doble papel de directivos de las explotaciones y verdugos colaboradores del M23 cuando la situación así lo requería.
Ruanda es precisamente, apunta el informe, el destino de el oro y el coltán extraído en estas minas, que llega al país a través de rutas de contrabando que discurren por territorio controlado por el M23. Una de estas rutas sería la marítima del Lago Kivu, frontera natural de los dos países. Testimonios de varios testigos confirmaron el tráfico de sacos de tierra con contenido aurífero (oro) por barco desde el puerto de la mina de Lomera hasta la localidad portuaria ruandesa de Kamembe. "Yo estaba allí por la noche. Me escondí y vi que recogían la arena mineralizada y la llevaban cerca del lago, la cargaban en barcos pequeños y la enviaban a Ruanda" explica unos de los mineros. "Lo hacían muy temprano por la mañana. Cada mañana, llegaban con comerciantes de Ruanda. Y los mismos barcos llegaban por la noche" explica otro trabajador de las minas.
Un lucrativo negocio, el de la minería artesanal de oro a pequeña escala, al que Naciones Unidas pone cifra. Solo en la provincia de Ituri, epicentro de este negocio, estima que estos grupos armados y organizaciones criminales extraen cada año 1.800 kilos de oro que les reportan alrededor de 140 millones de dólares.
Amnistía Internacional cree que el expolio de oro y coltán que lleva a cabo el M23 puede ser constitutivo de "crimen de guerra de saqueo", y que dadas las importantes cantidades que llegan a la otra orilla del Lago Kivu, es probable que la propia Ruanda "participe directamente" en el saqueo de los recursos de República Democrática del Congo. "Ruanda también puede incurrir en responsabilidad del Estado por los terribles abusos contra mineros si las personas ruandesas que están en las minas actúan bajo la dirección o el control de Ruanda, aunque no sean empleadas del gobierno." ha apuntado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Presión Internacional
“Con estos abusos el M23 pretende castigar e infundir miedo entre los mineros y otras personas que viven y trabajan cerca de las minas, mientras los minerales son objeto de tráfico cruzando la frontera con Ruanda, que ha seguido beneficiándose de la explotación de las riquezas minerales de República Democrática del Congo”, ha declarado Callamard, que ha pedido a la Unión Africana y a sus estados miembros que pongan "fin a su silencio" y tomen medidas "mucho más audaces" para poner fin a estas prácticas. "La falta de unidad contra estos saqueos y los terribles abusos que de ellos se derivan no hará sino animar a otros a hacer lo mismo, deben hacer rendir cuentas a los responsables de estos actos, incluidas las autoridades gubernamentales ruandesas.” ha sentenciado.
“La falta de unidad contra estos saqueos y los terribles abusos que de ellos se derivan no hará sino animar a otros a hacer lo mismo “
Además de las medidas diplomáticas, Amnistía Internacional apuesta por la presión económica. Ha pedido a todos los países y empresas que dejen de comprar coltán y oro a Ruanda —o a empresas de transformación y refinerías de terceros países que compran estos minerales a proveedores del país— hasta que el gobierno aporte pruebas de que no recibe minerales objeto de tráfico desde República Democrática del Congo. "Las autoridades de Ruanda también deben garantizar que las personas ruandesas, armadas o no, no estén presentes ni desempeñen papel alguno en los abusos que se cometen en las explotaciones mineras de Lomera y Rubaya" ha apuntado la organización en un comunicado.
A este respecto, la organización ha pedido específicamente a Estados Unidos y a los países miembros de la Unión Europea, que no cierren ningún acuerdo comercial minero que englobe a la mina de Rubaya u otras minas controladas por el M23 en RDC a hasta que se permita el acceso de observadores internacionales independientes. También ha lanzado una advertencia a las empresas: "El peso de las pruebas obtenidas por Amnistía Internacional y otros medios implica que las empresas no pueden alegar ignorancia" y ha añadido que de adquirir estos minerales las firmas podrían "incurrir en responsabilidad penal por complicidad en crímenes de guerra".
M23, un viejo conocido
Fundado el 4 de abril de 2012, el grupo rebelde armado 23 de Marzo ( M23) fue constituido por 300 militares amotinados del 'Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo', una administración rebelde que ocupó Kivu del Norte entre 2006 y 2009 y que posteriormente llegó a un acuerdo de paz con el gobierno congoleño para entregar las armas e integrarse en el ejército. Los miembros del 23M nunca llegaron a aceptar ese pacto con Kinshasha. Tras ser derrotado militarmente en 2013, el movimiento permaneció prácticamente inactivo durante varios años antes de reanudar su ofensiva en 2021.
Desde entonces, el M23 ha recuperado buena parte de su capacidad militar. En enero de 2025, sus fuerzas, junto con efectivos de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, tomaron Goma, capital de Kivu Norte y posteriormente avanzaron hacia Bukavu, capital de Kivu Sur. El grupo ha establecido administraciones paralelas en los territorios que controla y ha ampliado su presencia en una zona caracterizada por décadas de conflictos, desplazamientos y la actividad de numerosos grupos armados.
El Gobierno de Ruanda ha negado durante años las acusaciones de apoyar al M23, aunque Naciones Unidas ha documentado la presencia de tropas ruandesas en territorio congoleño y ha concluido que su apoyo militar fue decisivo para la expansión territorial del movimiento.
