Gallardón, al declarar como testigo en el caso Lezo, sobre la compra de Inassa: "Se hizo una operación prudente y legal"
- Se empezó a investigar hace diez años por un "sobreprecio" en la compra de la sociedad colombiana por el Canal de Isabel II
- También están citados este martes para declarar como testigos los exconsejeros madrileños Manuel Cobo y Luis Peral
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El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido, al acudir a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el caso Lezo, que la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 —por 73 millones de dólares— se hizo con "transparencia", legalidad y con "todos los informes jurídicos favorables".
En declaraciones a la prensa, el también exalcalde de Madrid, ha asegurado que "se hizo una operación prudente y legal" y se ha mostrado convencido de que "en ese ámbito y espíritu de transparencia" es donde se adoptó la decisión de invertir para la "gestión del agua de Barranquilla" con unos resultados que después, según Ruiz-Gallardón, han sido "positivos" para el Canal.
Preguntado por los motivos que hicieron que la compra se realizara a través de una sociedad panameña, ha señalado que la decisión no le correspondía a él, se adoptó por parte del Canal pero considera que los responsables ya lo han explicado "con convicción" cuál fue la razón por la que "los vendedores impusieron hacerlo de esa manera".
"Lo importante es, al margen de los instrumentos vehículos que se utilizasen, si se hizo una operación prudente y legal y con toda sinceridad creo que esta acreditado la legalidad prudencia y por tanto el beneficio para el Canal que es lo mismo que para los madrileños", ha asegurado.
Ruiz Gallardón se ha mostrado "muy satisfecho" al tener la ocasión de "poner en conocimiento" del juez y del Ministerio Fiscal "lo que fue la participación del Consejo de Gobierno y de distintas instituciones" de la Comunidad de Madrid "de una adquisición que se hizo con el mejor y el más absoluto convencimiento de que era buena para el Canal de Isabel II para la Comunidad de Madrid, para los madrileños, que se hizo de acuerdo con alegalidad con todos los informes jurídicos favorables que han sido aportados en la causa".
Dos exconsejeros entre los acusados en el banquillo
También están citados este martes para declarar como testigos los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo y Luis Peral.
Otros dos exconsejeros madrileños, Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón, se encuentran entre las 22 personas a las que el magistrado Manuel García Castellón ha enviado a juicio. En el momento de los hechos ambos formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II —el primero como presidente de esta entidad— junto con otros nueve procesados.
También se encuentran en el banquillo de los acusados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR).
En la fase de instrucción, el magistrado archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón y también exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas de Lezo, ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.
Según Anticorrupción, el Canal de Isabel II compró Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América (SAA)— como parte de la "expansión internacional" que la empresa pública inició en 2001 en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.
Un "sobreprecio" de más de 19 millones
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75% de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51%de la sociedad dominicana WATCO S.A..
La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos.
Anticorrupción pide siete años de cárcel para los dos exconsejeros
En concreto, para Calvo y Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, según su escrito.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".
