El TSJEx anula la exclusión de Marina Isla de Valdecañas de la ZEPA del embalse
- No ve justificación técnica ni ambiental real y advierte que puede hacer “extremadamente difícil” ejecutar las sentencias firmes
- La Junta anuncia recurso en reposición y seguirá peleando por mantener el complejo
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estima el recurso de Ecologistas en Acción contra el Decreto 180/2025 de la Junta de Extremadura respecto a la Isla de Valdecañas y suspende la exclusión de este espacio de la Zona de Especial Protección de Aves, como solicitaba la asociación medioambiental, que ve en esta decisión una victoria importante para el medioambiente extremeño y de todo el territorio nacional.
En su auto, el alto tribunal extremeño analiza la nueva normativa regional sobre la delimitación territorial de completa de diversos espacios ZEPA, incluida la del embalse de Valdecañas y repasa la historia judicial del complejo turístico y de segundas residencias en la isla, subrayando la existencia de dos resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para el derribo de las edificaciones y la restitución de los terrenos a su estado original, insistiendo en que “la protección ambiental constituye un interés público prevalente y que la ejecución de sentencias en esta materia tiene una especial intensidad”.
Asimismo, el TSJEx dice no apreciar “justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el Decreto, que va más allá de una corrección de errores con aparenta. […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar sentencias firmes”.
Ecologistas en Acción habla de victoria importante para el medioambiente. Su coordinador regional, Julio César Pintos Buzo, entiende el auto del TSJEx como “un mensaje muy claro” sobre que “las sentencias firmas están para cumplirse y no pueden ser neutralizadas por cambios administrativos realizados a posteriori”.
20 años de litigios
El complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas fue declarado proyecto de interés regional por la Junta de Extremadura en 2007, para la construcción de una urbanización con hotel, campo de golf y 185 villas de lujo. Fue apenas cuatro años después de que el embalse entrara en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y uno después de su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Desde su nacimiento, el resort se ha visto envuelto en un enorme periplo judicial por las denuncias de organizaciones ecologistas y que dio lugar a una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño en marzo de 2011, considerando “ilegal” el PIR que impulsó la urbanización de terreno protegido.
Ya aquel fallo obligaba a paralizar la construcción de la segunda fase urbanística y a reponer el espacio a su estado original, pero el Gobierno autonómico recurrió y, además, sólo 20 días después reformó la ley del suelo para permitir urbanizar terrenos protegidos e intentar dar cobertura legal al Proyecto de Interés Regional.
En 2014, el Supremo ratificó la primera sentencia del TSJEx y, en febrero de 2022, volvió a pronunciarse obligando a la demolición total del complejo, no parcial, encargando a la Justicia extremeña la ejecución de su dictado. El Superior regional dio ocho meses a la Junta para aprobar un plan de derribo y fijar una fecha de desalojo, pero el Ejecutivo regional llevó a la Asamblea en marzo de 2023 un plan para frenarlo en formato decreto para corregir el listado de espacios protegidos de la comunidad y, de paso, excluir Marina Isla de Valdecañas.
El decreto que comenzó a gestarse con el anterior gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, terminó aprobándose el pasado 16 de diciembre de 2025, ya con la popular María Guardiola al frente de la presidencia de la Junta de Extremadura y en funciones, porque era plena campaña electoral por el adelanto de los comicios autonómicos. No en vano, la norma se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 22 de diciembre, horas después de la cita con las urnas.
Revés a la estrategia de la Junta
Ecologistas en Acción se felicita además de que el TSJEx haya eximido a su organización de fianza en este recurso por el interés medioambiental del asunto, y ve en la decisión judicial un revés a la estrategia de la Junta de Extremadura. De hecho, Pintos subraya que ahora pedirán la ejecución de las sentencias de derribo.
No es el único grupo medioambiental implicado en los procesos en defensa de la flora y fauna de Valdecañas. También el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha recurrido el decreto de modificación de ZEPAS y sostiene que es “un absoluto disparate que no se basaba en ningún criterio científico y, además, en contra de la normativa de la Comisión Europea”.
Su presidente, Francisco Blanco, recuerda que en ese mismo sentido se han pronunciado científicos de la Estación Biológica de Doñana. Dice estar muy satisfecho porque se ha parado “un subterfugio legal, un fraude de ley” para mantener la urbanización de Valdecañas con ese decreto, y añade que “es mucho más negativo para el medioambiente mantenerla que derribarla por el impacto de las personas a diario en el entorno del embalse”.
La Junta mantiene la pelea
Televisión Española ha solicitado una entrevista con responsables de la Junta de Extremadura para valorar esta última resolución del Tribunal Superior de Justicia autonómico, pero han optado por trasladarnos una respuesta escrita por correo electrónico.
Desde el Gobierno autonómico, dicen respetar las decisiones judiciales y anuncian que presentarán un recurso de reposición contra el auto del TSJEx ya que considera que la situación de Valdecañas responde a errores cartográficos que se habrían demostrado avances tecnológicos, dice, y que se habrían transpuesto en el decreto aprobado en 2025.
Añade que esos “errores cartográficos […] llevaron a defender como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran” y que la Junta “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material."
