Investigadores universitarios denuncian contaminación por metales pesados en el estuario del Guadalquivir
- Se atribuye a las minas de Las Cruces y Los Frailes, en la provincia de Sevilla, que lo niegan rotundamente
- El alcalde de Chipiona denuncia que esa contaminación afecta a su municipio y anuncia medidas ante la Fiscalía
“Las autorizaciones de vertidos mineros a los estuarios del Guadalquivir no tienen una base científica sólida”. Es decir, se permiten sin saber bien qué consecuencias van a tener. Es lo que denuncia Jesús Castillo, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, uno de los 9 investigadores que han llevado a cabo un estudio sobre presencia de metales pesados en el estuario del Guadalquivir. “La clave”- añade- “son metales como el cinc, el cadmio, el arsénico, que no se disuelven en el agua como dicen las minas y asume la Junta, sino que van a los fondos y desde ahí entran a la red trófica. Y ya tenemos un 30% de muestras de albures, peces, con una concentración de plomo superior a lo permitido por la UE”.
Son algunos de los datos que arroja ese estudio que han presentado hoy, elaborado por 9 investigadores de tres Universidades (Cádiz, Sevilla, Granada), y que se acaba de publicar en la revista Integrated Enviromental Assesment and Management.
Y advierten de que la Junta ha autorizado dos nuevos vertidos controlados que, de producirse, podrían multiplicar por 10 la contaminación actual.
Desde la Junta niegan que las autorizaciones de vertidos no estén fundamentadas. En un comunicado remitido a RTVE desde la Consejería de Industria, Energía y Minas aseguran que “las autorizaciones mineras cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.
Chipiona acudirá a los tribunales
El alcalde de Chipiona, Cádiz, asegura que su ayuntamiento ha encargado un estudio independiente sobre la presencia de metales pesados en sus costas. Han investigado durante dos años, dice, con resultados preocupantes. “Los residuos llegan a nuestras costas, en las galeras (un molusco típico de Cádiz) por ejemplo hay un incremente notable de arsénico que es muy peligroso para la salud”.
Es, por el momento, el único alcalde que va a acudir a los tribunales, pero no está solo en su preocupación. Junto a él han comparecido hoy otros alcaldes de municipios del entorno del Guadalquivir como Los Palacios, Lebrija, Trebujena y Coria del Río, junto a la Federación de Cofradías de pescadores de Cádiz o la asociación ecologista ‘Salvemos el Guadalquivir’.
Todos piden a la Junta que aplique una moratoria para suspender nuevas licencias mineras, y que se cree un grupo de expertos para analizar cuál es el estado actual del estuario del río.
“Todo lo que pasa allí es esencial para la pesca y el marisqueo de la provincia de Cádiz, y tenemos pruebas de que la contaminación puede llegar incluso al Mediterráneo, al Mar de Alborán”, dice Remedios Cabrera, investigadora de la facultad de Ciencias del Mar de Cádiz.
Lo que dicen las minas
Mina las Cruces y mina Los Frailes, directamente acusadas, niegan que exista contaminación por metales pesados. Se remiten a un estudio elaborado recientemente por la escuela de ingenieros de la Universidad de Sevilla que niega que su actividad genere “efectos adversos” en el estuario del Guadalquivir.
El dictamen ha estudiado el periodo 2010-2024, y señala, entre otras conclusiones, que los niveles de metales en el agua del estuario "se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental". Ambas minas subrayan que cumplen escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental.
Desde la Junta aseguran que las autorizaciones de vertido que otorgan a las minas garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial o industrial. Sin autorización ambiental favorable, insisten, no se autorizan los proyectos industriales o mineros.
