Abren juicio oral contra el hermano de Ximo Puig y su socio por falsedad en documento mercantil
- El juez excluye el fraude de subvenciones porque el dinero recibido de forma indebida no alcanza la cuantía mínima para este tipo penal
- Además, impone para Francis Puig una fianza de más de 147.000 euros
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El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig y otro empresario por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat valenciana y de la catalana para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.
En un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez de instrucción considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Además, el juez impone para Francis Puig, hermano del expresident socialista de la Generalitat valenciana Ximo Puig, una fianza de más de 147.000 euros y para Juan Enrique A.B., de más de 99.000 euros.
No obstante, el juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral, al establecer que debía ser superior a los 120.000 euros.
El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.
Las subvenciones de promoción a la lengua valenciana
Durante la instrucción, el magistrado consideró que, para conseguir las subvenciones de promoción a la lengua valenciana en medios de comunicación, los imputados utilizaron presuntamente un entramado de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades que no estaban relacionadas con esa promoción del valenciano. Todo ello, para obtener una subvenciones que se otorgaron a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador.
La investigación judicial comenzó con una querella que el Partido Popular presentó en un juzgado de Valencia en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.
A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover porque consideraba que el grupo empresarial de la familia Adell Bover —con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único— contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.
El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. El juez descartó expresamente el delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza los 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
