El Ministerio del Interior rescinde el contrato con una empresa israelí que iba a suministrar balas a la Guardia Civil

• Pone fin a la compra de balas de 9x19 mm de la empresa IMI Systems LTD por valor de 6,6 millones de euros
• El acuerdo alude a la prohibición de las importaciones originarias de Israel, incluida en el embargo de armas al país hebreo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. EFE/J.J. Guillén

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para rescindir los contratos para adquirir balas israelíes para la Guardia Civil "por imposible cumplimiento". La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha confirmado la firma del acuerdo para poner fin a la compra de balas de 9x19 mm de la empresa israelí IMI Systems LTD –representada en España por la empresa Guardian Homeland Security S.A.– por valor de 6,6 millones de euros.

En dicho acuerdo, al que ha tenido acceso RTVE, se motiva la rescisión del contrato aludiendo a la reciente publicación del decreto con medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El paquete de medidas, que fue aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros, incluía la prohibición de las importaciones originarias de Israel.

Dado que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) ha denegado la transacción en base a este decreto, la Secretaría de Estado entiende que hay "una imposibilidad legal sobrevenida" para la rescisión, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel.

Esa imposibilidad, recalca el texto del acuerdo, "es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser subsanada mediante modificación legalmente admisible y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, salvo que se determine lo contrario en el expediente".

El procedimiento de resolución del contrato incluye además varias cláusulas finales en las que el Ministerio propone "la liquidación del contrato en la cuantía de cero euros", según explica, "al no existir bienes que se puedan recibir en virtud de lo indicado en la presente resolución". En el punto cuarto añade la devolución de las "garantías definitivas" constituidas por el adjudicatario por importe de 184.500 euros para el lote 1 y de 90.000 euros para el segundo lote (275.500 euros en total), "equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluidos impuestos".

El último contrato que quedaba pendiente

Este se trataba del último contrato de balas de Interior que quedaba por rescindir y fue el que motivó las fuertes críticas de Sumar y otros socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez. En abril, el Ministerio del Interior licitó la compra de munición, pese a que en octubre de 2024 había renunciado a esa adquisición en respuesta a la escalada bélica en la Franja de Gaza y se comprometiera a no adjudicar futuros contratos a otras compañías del país hebreo.

Pero el Gobierno reculó ante la presión de sus socios parlamentarios y ordenó rescindirlo de forma unilateral "tras haber agotado todas las vías negociadoras" con la empresa israelí. A partir de ese momento, la Abogacía del Estado y los ministerios competentes comenzaron a estudiar las posibles reacciones legales y reclamaciones por parte de la compañía ante la previsión de que exija el pago de 6,6 millones que costaba la munición y una posible penalización.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en el Congreso el pasado 21 de mayo que había cometido un "error", aunque subrayando que este "desajuste" ya estaba en vías de ser subsanado por el Gobierno.

Tanto el PP como Vox criticaron que se anulara el contrato, justificado por el Ejecutivo por la escalada bélica de Israel en Gaza y Cisjordania, al entender que implicaba "castigar a la Guardia Civil" al dejarle sin una munición necesaria. Grande-Marlaska, por su parte, garantizó que no habría desabastecimiento de balas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.