El Gobierno defiende que los contratos con Huawei no suponen un riesgo para la seguridad ante las críticas del PP
- Los 'populares' consideran que son "de alto riesgo para la seguridad" y piden la comparecencia de varios ministros
- Interior asegura que la empresa no tendrá acceso a los datos porque quien los custodia son la Policía y la Guardia Civil
El Gobierno asegura que los contratos con la multinacional china Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales no afectan a la ciberseguridad nacional. Ante las críticas del PP, que pide la comparecencia en el Congreso de varios ministros para que den explicaciones sobre la adjudicación, el Ejecutivo ha defendido la seguridad de las comunicaciones y ha cargado contra la "hipocresía" de la oposición, a la que pide no "alarmar inútilmente" a la ciudadanía.
En la raíz de esta nueva polémica política en España está un contrato alcanzado por el Ministerio del Interior, que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska, con Huawei por valor de 12,3 millones de euros. La compañía china está vetada en Estados Unidos por espionaje, mientras que la Unión Europea ha pedido que se la excluya de contratos que pongan en riesgo la seguridad.
El Gobierno, no obstante, subraya que la seguridad de todas las comunicaciones en España están "totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos". Fuentes del Ministerio del Interior inciden en que el contrato adquirido no es para el control o gestión de información, sino para la compra de material. De este modo, señalan que la tecnológica proporcionará los servidores para almacenar la información, pero que no tendrá acceso a los datos porque quien los vigila y custodia son la Policía y la Guardia Civil.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, además ha acusado de "demagogia" a la oposición y ha pedido "no alarmar inútilmente" porque la seguridad "está garantizada". En una entrevista en Onda Cero el miércoles, el ministro que le "sorprende mucho" la actitud del PP, cuando algunos de sus dirigentes autonómicos –como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el murciano, Fernando López Miras– participan en inauguraciones de dicha empresa o llevan a cabo campañas de colaboración.
"No entiendo de qué hablan, no sé si estamos ante la hipocresía tradicional del PP, pero, por favor, que no intente alarmar inútilmente a los españoles", ha reclamado.
El PP cree que el contrato es "de alto riesgo para la seguridad del Estado"
Los 'populares', en cambio, consideran el contrato "de alto riesgo para la seguridad del Estado" y recuerdan que una ley que China aprobó en 2017 obliga a los particulares, tanto dentro como fuera del país, a facilitar a los servicios de inteligencia chinos toda la información que requieran. "El Gobierno ha elegido a una empresa china para gestionar secretos de Estado", ha cuestionado este miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la sede 'popular'.
El PP ha vinculado estos contratos para almacenar las escuchas judiciales con "la trama corrupta" que, según este partido, afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado a la consultora Acento, que dirige el exministro socialista José Blanco, como "intermediario" en esta operación. "Es una derivada de la trama de corrupción", ha subrayado Tellado.
Por ello, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia en el Congreso y el Senado de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Exteriores, José Manuel Albares, así como del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, vinculado a una empresa que trabajaba con Huawei.
Según Tellado, para encontrar una respuesta a este contrato "hay que seguir el rastro de la corrupción", ha insistido para explicar que la intermediación del 'lobby' de Blanco "es una pieza más del entramado de la corrupción sanchista" y ha apuntado a los supuestos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China. Por este motivo, el PP ha pedido al presidente Pedro Sánchez que aclare hasta dónde llega el "zapaterismo" y que deje encubrir los "contratos con narcodictaduras" del exlíder socialista.
Huawei asegura que sus productos cumplen "estrictamente con las leyes"
Frente a las acusaciones, la multinacional tecnológica china Huawei ha defendido su independencia y ha rechazado sus vínculos con el Gobierno chino. Respecto a los contratos con España, ha asegurado que sus productos cumplen "estrictamente" con las leyes y normativas locales y que no tiene acceso a los datos de sus clientes.
"Todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos", ha defendido la compañía en declaraciones a Europa Press.
En cuanto al producto señalado por el PP, OceanStor Dorado, Huawei ha asegurado que se trata de un hardware de almacenamiento flash común que cumple con la regulación aplicable en el Esquema Nacional de Seguridad y con la guía de Seguridad TIC de CCN-STIC. Asimismo, ha indicado que la ciberseguridad "es la principal prioridad de Huawei" y que toda la información almacenada en el hardware "pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición".
Una guerra comercial entre EE.UU. y China por el 5G
Detrás de esta tensión entre gobiernos y la compañía se esconde un largo enfrentamiento comercial y tecnológico entre Estados Unido y China, que se remonta a 2019. La empresa china logró abrirse hueco en el mercado europeo, llegando a liderar la batalla por el control de las redes 5G, que permiten navegar por internet con mucha más velocidad y el desarrollo a nivel de automoción, comunicaciones o incluso medicina.
La lupa se puso sobre Huawei cuando el presidente de EE. UU, Donald Trump, decidió incluirla en la lista de entidades que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional. Para Washington, la tecnológica era "un brazo del Estado de vigilancia del Partido Comunista Chino (PCC)". Un año más tarde, la Fiscalía estadounidense acusó a la compañía de robar secretos comerciales, ayudar a Irán a identificar a manifestantes en las protestas de 2009 y mantener negocios ilegales con Corea del Norte. En respuesta, el fabricante chino presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la prohibición de sus productos al considerar que era "ilegal" porque restringía a Huawei "de participar en una competencia justa".
De la mano de estas acusaciones llegaron poco después la ruptura de toda relación comercial por parte de Google y la restricción o prohibición de uso de Huawei en al menos 11 países europeos, como Suecia o Reino Unido. Además, gobiernos como el de Japón o el de Australia la excluyeron de las licitaciones públicas y del despliegue de redes de telecomunicaciones.
Por su parte, la Comisión Europea aprobó una guía de recomendaciones para proteger las infraestructuras críticas y advirtió de que las chinas ZTE y Huawei representaban riesgos sustanciales mayores que otros proveedores. Sin embargo, entre los países de la UE no hay una postura unánime sobre este asunto y, en el caso de España, no existe una prohibición expresa.
Las sospechas contra Huawei saltaron también al plano judicial con la detención en Canadá de la directora financiera e hija del fundador de la compañía, Wanzhou Meng, por la supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington contra Irán. Fue puesta en libertad en 2021 tras acordar su declaración como culpable de fraude bancario y pagar una elevada multa a cambio de que las autoridades de Washington renunciaran al proceso de extradición que había sobre ella.
Por otro lado, la semana pasada, el Parlamento Europeo decidió prohibir la entrada en sus edificios a representantes del gigante tecnológico chino tras la apertura de una investigación en Bélgica por presuntos de delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva en la Eurocámara.
La Fiscalía belga señala que los delitos se produjeron entre 2021 y la actualidad "bajo la apariencia de lobby comercial y adoptando diversas formas, como la remuneración por cargos políticos o regalos excesivos, como comida, gastos de viaje o invitaciones regulares a partidos de fútbol". Los medios de comunicación apuntan a que el objetivo de estas actividades sería contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a las compañías de telecomunicaciones chinas del mercado, así como para abogar por que los compradores europeos se abrieran a estas compañías.
