Un paso "positivo" pero "mejorable": las ONG celebran el impulso a la regularización de migrantes y piden ir más allá
- Ven "esperanzador" que se retome una medida que beneficiaría a cerca de medio millón de personas
- El PSOE ha reactivado la negociación con otros grupos para aprobar la regularización, que lleva un año paralizada
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Tras más de un año en el cajón, el Gobierno ha rescatado la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a cerca de medio millón de migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país.
Respaldada por 700.000 firmas y con el apoyo de unas 900 organizaciones, esta ILP es un hecho histórico en nuestro país: pocas iniciativas populares obtienen tantos apoyos, y muy pocas tienen recorrido parlamentario. Esta, además, logró el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, para su toma en consideración.
Ahora, el PSOE, partido que en un primer momento no veía con buenos ojos la medida, ha acelerado las negociaciones para aprobarla cuanto antes, aunque todo dependerá de la compleja aritmética parlamentaria actual.
Las organizaciones que promovieron la regularización celebran el impulso, que tiene mucho que ver, consideran, con la reciente aprobación del nuevo reglamento de extranjería. Este deja a miles de personas "sin documentación de la noche a la mañana", explica a RTVE.es Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó la recogida de firmas.
Un paso "muy positivo" aunque mejorable
Espínola ve "esperanzador" que se haya retomado la tramitación de la ley, aunque cree que el texto que negocian los socialistas con otros grupos parlamentarios es mejorable. Para empezar, por la fecha elegida: en el texto que los socialistas negocian con otros grupos, se plantea regularizar a los migrantes que hubieran llegado a España hasta el 31 de diciembre de 2024, pero desde su organización consideran que se debería ampliar hasta al menos el 20 de mayo de 2025, día que entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería.
En la misma línea se pronuncia el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, quien ve como "un paso muy positivo" que se retome la tramitación de la regularización, ya que "permitirá cubrir algunas deficiencias que el nuevo reglamento de extranjería ha incluido en su redacción"
Esta reforma "beneficia a un grupo", pero "perjudica a otro grupo muy grande, que son los solicitantes de asilo", según Espínola.
Un limbo para los solicitantes de asilo
Varias ONG, partidos políticos e incluso el Defensor del Pueblo han criticado el redactado de esta reforma, destinada a regularizar a 900.000 extranjeros en los próximos tres años. Aunque introduce aspectos positivos para los migrantes, como la flexibilización de requisitos para optar a la regularización, plantea un cambio que puede perjudicar a los solicitantes de asilo.
Establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para optar a la obtención de la residencia legal, por lo que una persona cuya petición sea denegada pasará a situación irregular, en la que deberá permanecer hasta dos años para conseguir los papeles. "Es un sinsentido", opina Valiente, ya que muchas personas pasarán a situación irregular "después de llevar años trabajando en España".
El propio texto que manejan los socialistas reconoce que, aunque el reglamento "mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia", también "existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo". Más concretamente, se refiere a las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.
Miles de personas que "no existen" administrativamente
Espínola calcula que se verían afectadas unos 275.000 solicitantes de asilo. Estos se unen a los cerca de 500.000 migrantes que viven en situación irregular en nuestro país, con lo cual habría unas "800.000 personas en situación administrativa irregular, un grupo muy grande". Todo son cálculos aproximados, ya que no hay una cifra oficial.
Las entidades promotoras de la ILP la defienden por sus beneficios para los propios migrantes, pero también para toda la sociedad. "Hay muchos miles de personas que llevan años trabajando y residiendo en nuestro país y que desde el punto de vista administrativo no existen. Es una anomalía que hay que resolver", afirma el presidente de CEAR.
Esto permitiría dar "tranquilidad" a estas personas en su vida cotidiana, así como permitirles ejercer sus derechos, como la participación en la vida política. A nivel social, mejoraría la "convivencia", según Valiente, y además permitiría aflorar miles de empleos actualmente insertos en la economía sumergida, incrementando las aportaciones de empleados y empleadores a la Seguridad Social, defienden desde Regularización Ya!
Reclaman "altura política" al Congreso
El texto que negocian los socialistas está sujeto a cambios, pero ya aterriza la regularización en algunas cuestiones concretas. Esta se plantea más ambiciosa que la que pusieron en marcha en el pasado los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, ya que elimina el requisito de tener un contrato de trabajo, según avanzaba El País la semana anterior.
Otros requisitos son no tener antecedentes penales y demostrar que llevan un año en España, también según este medio. Además, según el borrador, quienes quieran acogerse a la regularización tendrán seis meses para solicitar sus autorizaciones cuando la medida esté en vigor.
El texto da al Gobierno seis meses para crear un reglamento de desarrollo a partir de que se apruebe la medida, un plazo excesivo para Sumar, socios del Ejecutivo del PSOE, así como para Regularización Ya!. Si se llegara a aprobar en el Congreso en junio, el reglamento estaría en vigor "en diciembre del 2025, y la ILP comenzó a plantearse en 2021, son casi cinco años que estamos esperando esto", señala Espínola.
"Hay que tener en cuenta que estamos legislando para llegar con la ley a personas, no son objetos", recuerda, por lo que pide "altura política" al Congreso, y que cumpla con el "compromiso" que adquirió con la ciudadanía al dar un apoyo masivo a la tramitación de la ley en abril del año pasado.
Un camino difícil en el Congreso
Por lo pronto, el camino en la Cámara Baja no se prevé fácil para el Gobierno. Aunque parece contar con el apoyo de algunos de sus socios de investidura, como Podemos, ERC o BNG, no se conoce la postura de otros como PNV o Junts.
Y el PP, aunque votó a favor en un primer momento de la toma en consideración de la medida, da a entender ahora que se opondrá, al señalar que el Ejecutivo "no va a obtener un cheque en blanco" de su partido. Sin embargo, la presión de organizaciones religiosas como Cáritas podría influir en su voto, como ya ocurrió el pasado abril en su apoyo a la tramitación. También la patronal se mostró favorable a la regularización entonces.
Para Valiente, el hecho de que los socialistas retomen ahora la negociación responde en gran parte a la presión de la calle y de las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, por lo que pide también a todos los partidos votar a favor ahora de la regularización.
"Estamos viviendo en un mundo de retroceso, de falta de humanidad y de medidas draconianas que son realmente alarmantes" sobre los migrantes, señala el director general de CEAR. "Que España marque una línea alternativa para nosotros es una obligación moral", remata. En todo caso, señala Valiente, la gran reclamación de las organizaciones es "un marco legal permanente" para regularizar la situación de los migrantes, ya que regularizaciones masivas como esta "no son más que el fracaso de la del cauce ordinario".
