Pradas presenta una queja contra la jueza de la dana por "falta de imparcialidad" y "vulneración del derecho de defensa"
- La defensa solicita al CGPJ la apertura de diligencias y, de forma cautelar, apartar a la magistrada de la causa
- El juzgado investiga la posible responsabilidad penal por la tragedia del 29-O que dejó 228 víctimas mortales
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La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha presentado una queja denunciando "una vulneración de su derecho de defensa" y acusa a la jueza instructora en el caso por la dana del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, de actuar con una "falta manifiesta de imparcialidad".
En el escrito, firmado por el abogado Eduardo de Urbano Castrillo y dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alegan irregularidades en la instrucción que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), donde se investiga la posible responsabilidad penal por la tragedia que dejó 228 víctimas mortales.
Desde el CGPJ recuerdan que la presentación de una queja como la de Salomé Pradas no implica la apertura automática de un expediente disciplinario. En caso de admitirse a trámite, se inicia una fase preliminar —las diligencias informativas— para valorar si los hechos denunciados pueden tener relevancia disciplinaria. “Abrir una diligencia informativa no equivale en ningún caso a abrir un expediente disciplinario”, señalan fuentes del CGPJ, que aclaran que esta fase puede acabar en archivo o, si se aprecia encaje disciplinario, en la incoación de expediente, lo que permite investigar los hechos en profundidad y eventualmente proponer sanciones.
Denuncian parcialidad y enfoque sesgado
La defensa de Pradas acusa a la magistrada de haber formulado afirmaciones tajantes en autos preliminares, propias —según el escrito— de una sentencia condenatoria. Aseguran que la jueza ha emitido resoluciones en las que atribuye de forma categórica la responsabilidad penal de los hechos a Pradas y a otros investigados, sin haber practicado las diligencias básicas ni escuchado sus declaraciones.
También denuncian que la jueza ha limitado la posibilidad de ampliar el foco de la instrucción, excluyendo de forma sistemática cualquier responsabilidad que no sea la de la administración autonómica, a pesar de que la legislación en materia de emergencias reconoce competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Según la defensa, se ha negado incluso la posibilidad de investigar a cargos como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o a los alcaldes de las localidades afectadas, a pesar de sus competencias en protección civil.
Asimismo, el escrito detalla una serie de obstáculos procesales, como la notificación tardía de diligencias, lo que ha impedido a la defensa asistir o formular preguntas a testigos clave. Critican también la escasa fidelidad en la transcripción de declaraciones, entre ellas la de la propia Pradas, y las condiciones en que se desarrollan las sesiones, con declaraciones de más de siete horas sin pausas, lo que afecta la igualdad procesal entre partes.
Sospechas de injerencia externa
Otro de los aspectos que plantea la queja es la supuesta participación del marido de la jueza, también magistrado, en el desarrollo de la instrucción. La defensa cita informaciones publicadas en los diarios Las Provincias y OK Diario, que apuntan a la presencia del juez Jorge Martínez —pareja de la magistrada Ruiz Tobarra— dentro del juzgado durante actuaciones procesales.
A esto se suma —según alegan— el uso de información periodística no incorporada formalmente a la causa, como fundamento de resoluciones. La defensa denuncia que en al menos un auto se utilizó una noticia periodística para exculpar a la AEMET, sin que esa información haya podido ser contrastada judicialmente, lo que, argumentan, vulnera el principio de contradicción.
Petición de investigación y suspensión cautelar
La defensa solicita al CGPJ la apertura de diligencias informativas para investigar la actuación de la jueza y, de forma cautelar, su apartamiento inmediato de la causa, que pasaría a manos de su sustituto legal. Consideran que la forma en que se está conduciendo la instrucción compromete el derecho a un juicio justo y podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo, el escrito subraya que el caso debería dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, al tratarse de una catástrofe natural sin precedentes, cuya gestión involucró a múltiples administraciones. A juicio de la defensa, no existe una relación de causalidad directa que justifique una imputación penal a los cargos autonómicos.
Con una causa judicial ya compuesta por más de 15 tomos y más de 40 acusaciones personadas, la defensa advierte que el procedimiento podría prolongarse durante años, mientras los investigados sufren una pena de banquillo y escarnio público, alimentada —según el escrito— por el sesgo con que se está dirigiendo la instrucción.
