El Supremo convoca al Gobierno el 29 de mayo para que detalle las medidas sobre el reparto de menores migrantes
- El pasado 25 de marzo la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya impuso una medida cautelar urgente
- El Ejecutivo tendrá que presentar información detallada sobre el procedimiento a seguir con los menores
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para el próximo 29 de mayo, en la que solicitará al Gobierno que detalle las medidas adoptadas respecto a mil menores no acompañados solicitantes de asilo que permanecen canarias bajo la tutela de los servicios de protección autonómicos.
La decisión parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ya el pasado 25 de marzo impuso al Ejecutivo una medida cautelar urgente. En un plazo máximo de diez días, debía asegurar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, conforme al principio del superior interés del menor. Sin embargo, el tribunal considera que la respuesta del Gobierno no acredita que se haya cumplido el requerimiento en sus propios términos, por lo que convoca ahora a las partes a rendir cuentas en audiencia pública.
La situación en la que se encuentran los menores, según el Ejecutivo canario, no solo les perjudica a ellos mismos, sino que también supone un perjuicio económico para los presupuestos de Canarias y un "daño a la Nación española como fundamento de la Constitución" por no cumplir con la "obligación estatal de garantizar la solidaridad territorial efectiva, que se traduce en el abandono de Canarias".
El Gobierno tendrá que explicar los detalles
En la vista, el Ejecutivo deberá presentar información detallada sobre los menores ya evaluados y aquellos que aún están pendientes de evaluación dentro del sistema estatal. También deberá explicar cuántos han sido asignados a recursos de acogida, si hay menores en lista de espera y qué medidas se han tomado para aumentar la capacidad del sistema si esta fuera insuficiente, incluyendo el plazo previsto para ello.
Además, el Supremo pide conocer qué unidades administrativas están gestionando estas actuaciones y si se han firmado acuerdos o protocolos específicos con el Gobierno de Canarias, acompañados de un calendario claro para su ejecución.
