La Corte Suprema de EE.UU. avala el veto de Trump a la participación de personas trans en el Ejército
- La decisión supone la expulsión de cientos de soldados actualmente en servicio
- La prohibición se ha aprobado por una mayoría conservadora de seis votos a favor y tres en contra
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La Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado la entrada en vigor de la prohibición del presidente Donald Trump contra la presencia de personas transgénero en el ejército. La decisión supone la expulsión de cientos de soldados actualmente en servicio.
El fallo, que no resuelve el fondo del asunto pero levanta el bloqueo impuesto por el juez federal, Benjamin Settle, representa un nuevo golpe a los derechos trans en la segunda Administración Trump. La prohibición se ha aprobado por una mayoría conservadora de seis votos a favor y tres en contra, con los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en disenso público.
Settle había declarado que el veto violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad de protección ante la ley. Sin embargo, la Corte Suprema ha permitido que el veto se aplique mientras continúe el proceso judicial.
Trump revirtió en enero la política de su antecesor, Joe Biden, que permitía a las personas trans servir abiertamente. Su nueva orden sostiene que la identidad de género es una "falsedad" incompatible con los valores militares, y el Pentágono emitió normas que excluían a quienes tienen diagnóstico de disforia de género o hayan iniciado una transición, salvo raras excepciones.
Trump arremete contra la diversidad de género
Este caso se suma a otras medidas de Trump contra los derechos trans, como eliminar el reconocimiento federal de identidades de género distintas al sexo asignado al nacer, vetar fondos para tratamientos médicos de transición y prohibir la participación de mujeres trans en deportes femeninos.
En lo que respecta a su participación en el Ejército estadounidense, siete militares trans en activo, un hombre trans aspirante a alistarse y una organización de derechos civiles presentaron la demanda que provocó el bloqueo inicial del juez Settle. Pese a ello, el Departamento de Justicia defendió ante la Corte Suprema la autoridad presidencial sobre la composición de las fuerzas armadas y acusó al juez de interferencia inconstitucional.
La Corte Suprema se pronunciará antes de fin de junio sobre otro caso clave: la legalidad de una ley en Tennessee que prohíbe cuidados médicos de afirmación de género a menores trans.
