Investigan a dos empleados de la prisión de Brieva por trato de favor a Ana Julia Quezada
- Presuntamente facilitaron un teléfono móvil a la asesina del niño Gabriel Cruz a cambio de favores sexuales
- La madre de Gabriel convoca a los medios por vulneración de derechos en el marco del Estatuto de la Víctima
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Dos trabajadores de la prisión de Brieva, Ávila, están siendo investigados por un presunto delito de cohecho al ofrecer supuestamente un trato de favor a la reclusa Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Al parecer, le dieron acceso a un móvil en prisión y la ayudaron a ocultarlo. Dentro del marco de la Operación Ulaca, efectuada por el Equipo Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, se detuvo a estas dos personas en septiembre como presuntas autoras de un delito de abuso de función pública y ahora están en la calle a la espera de juicio, han informado fuentes de la investigación a RTVE.es.
El Subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano Murillo, había anticipado la mañana de este martes que dos trabajadores del Centro Penitenciario de Brieva estaban siendo investigados por la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila por "la posible comisión de un delito de cohecho consistente en proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma".
Como consecuencia de la investigación y la toma de declaraciones a implicados y testigos, "la Guardia Civil ya ha entregado las diligencias al juzgado que ahora es quién debe marcar las actuaciones a realizar. En estos momentos, las dos personas referidas están en condición de investigadas y no están trabajando en el centro penitenciario", añadía Galeano Murillo.
Según publica el diario El País, el juzgado investiga estos hechos desde hace casi un año. La información recoge que la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada. Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con trabajadores de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar "chantajear" a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.
Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo "conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador. La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, "imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el informe de la directora.
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha convocado una rueda de prensa
Por otro lado, Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en la que denunciará públicamente una situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”.
En la comparecencia, Ramírez abordará también lo que considera una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.
En junio del año pasado, Ramírez ya solicitó a la Audiencia de Almería que investigase el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental, presuntamente con la intención de venderlo a una plataforma como Netflix. Según reveló entonces la propia Ramírez, la prisión de Brieva (Ávila), donde se encuentra interna la condenada, denegó su participación tras detectar posibles irregularidades, como el uso de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario.
La madre del menor llevó este asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la comisión de Interior y reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos de tipo 'true crime', especialmente aquellos que afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.
"Me da miedo salir a la calle", expresó meses después en una entrevista con la televisión pública suiza, donde advirtió del daño que causan las especulaciones mediáticas y la posibilidad de que se genere "otro juicio paralelo".
Ramírez ha denunciado en reiteradas ocasiones el dolor añadido que le ha supuesto conocer que la asesina de su hijo habría intentado justificar su participación en dicho documental para obtener ingresos con los que pagar la responsabilidad civil impuesta por la condena o ayudar a su familia. Además, recientemente se ha pronunciado contra la publicación de libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de crímenes especialmente graves, como en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba. En la convocatoria de este miércoles, Ramírez solicita expresamente a los medios de comunicación que eviten difundir detalles escabrosos sobre el crimen de su hijo.
