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Rego anuncia la primera de ley de juventud de la democracia con ejes en materia de vivienda, empleo o salud mental

  • "Una ley, por tanto, que tenga una visión amplia y completa de los derechos de la juventud", ha subrayado
  • La ministra apuesta por la colaboración y anima a los jóvenes que expongan sus reivindicaciones

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece durante la Comisión de Juventud e Infancia
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece durante la Comisión de Juventud e Infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este miércoles que su departamento va a impulsar la primera ley de juventud de España, con cuatro ejes centrados en la participación política, la salud mental, los derechos económicos y la crisis ecosocial.

"Anuncio que vamos a trabajar en el impulso de la que va a ser la primera ley de juventud de nuestro país", ha manifestado Rego en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido ante la Comisión de Juventud para informar de las líneas generales de su Ministerio.

Según ha precisado la ministra, la ley contemplará cuatro ejes fundamentales: uno sobre los derechos económicos y de cobertura social, en temas que tienen que ver con "el empleo, la vivienda o los servicios públicos"; un eje de derechos democráticos y participación política, para "garantizar la participación" de los jóvenes "en los asuntos políticos del país"; otro de salud mental y bienestar; y otro eje relacionado con la crisis ecosocial, la justicia intergeneracional y los derechos de las generaciones futuras.

"Una ley, por tanto, que tenga una visión amplia y completa de los derechos de la juventud", ha subrayado Rego, precisando que la norma tendrá como base la Estrategia de Juventud del año 2030 que ya señalaba una serie de ejes.

Apuesta por un proceso "participativo" y en colaboración con los jóvenes

Durante su intervención, la ministra ha explicado que la ley sobre la que se pone su departamento a trabajar "con carácter inmediato" se apoya en el artículo 48 de la Constitución, que recoge que los poderes públicos promoverán las condiciones de participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Ante los diputados de la Comisión, Rego ha reclamado su colaboración recibiendo a colectivos de jóvenes para que expongan sus demandas y reivindicaciones en las materias que les afectan. 

La ministra ha explicado que ya han empezado a avanzar en algún aspecto en colaboración con el Consejo de la Juventud de España y ha expresado su deseo de que esta ley tenga "un proceso previo de participación pública de la juventud".

También ha anunciado el inicio de un estudio, basado en 9.000 encuestas a personas de entre 18 y 30 años, sobre la prevalencia de la violencia infantil para analizar los casos de agresiones durante la infancia. "Desde 1994 no se hacía un estudio de este calibre", ha puntualizado. 

"Queremos que haya un proceso participativo que configure un borrador de ley que sea la que finalmente, lógicamente, tenga ya el trámite habitual que tiene cualquier ley que se propone", ha planteado.

Vivienda, salud mental o protección a la infancia

Por otro lado, durante la Comisión se ha referido a la puesta en marcha de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi) y a la importancia de la implantación de los juzgados de especialización y de los espacios seguros 'Barnahus' para los niños que han sufrido maltrato y abusos. Y en cuanto a la violencia machista, ha asegurado que el Ministerio trabaja junto a la Fiscalía en un protocolo de colaboración para actuar con agilidad y concreción en la lucha contra el maltrato. 

Otro reto de su departamento, son la prioridad de coordinar con Sanidad una estrategia de salud mental para los menores. Además, ha explicado que trabaja junto al Instituto de la Juventud y el Ministerio de Trabajo en el desarrollo de un plan de choque de empleo juvenil. 

Respecto a la vivienda, Rego ha defendido que es fundamental aplicar "en su totalidad" la ley aprobada el pasado mes de mayo, con el desarrollo por parte de las comunidades de la declaración de zonas tensionadas y el desarrollo de una estrategia para abordar la falta de vivienda pública. 

En materia de pobreza infantil, ha marcado el desafío de implementar la Garantía Infantil Europea para poner en marcha medidas universales de acceso a servicios "para llegar a niños más vulnerables y eliminar barreras a los niños y niñas gitanas y con discapacidad, entre otros".