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Privatizaciones, cárcel por determinadas protestas y reforma electoral: las medidas del plan de emergencia de Milei

  • El presidente argentino ha enviado al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en su país hasta 2025
  • Las calles de Argentina empiezan a ser escenario de protestas contra le Ejecutivo

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Polémica en Argentina por la ley de Milei para declarar el estado de Emergencia

Han pasado menos de 20 días desde la toma de posesión de Javier Milei, pero han bastado para convertir las calles del país en escenario de protestas contra las primeras y controvertidas decisiones políticas de su recién estrenado mandatario. Una semana después de anunciar su "megadecreto" de medidas de necesidad y urgencia (DNU), el líder ultraderechista ha enviado al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en su país hasta 2025. Su plan afecta a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad argentinas, con una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales y que supone la transferencia de amplias facultades legislativas al poder Ejecutivo.

¿En qué consiste el plan de emergencia de Milei?

El miércoles, Milei envió al congreso el denominado proyecto de ley de "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", según el cual, declara la emergencia "en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social" hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este plazo, según recoge el texto, podrá ser prorrogado por el Ejecutivo dos años más, alargándose hasta el final del mandato del actual presidente. El objetivo de las medidas planteadas es "dar una solución efectiva a la crisis actual" ante la "dramática situación económica y social" que atraviesa el país.

Se trata de un amplio texto que entrará en vigor este viernes y que agrupa distintos proyectos de ley en materias que no contempla el DNU. En total, hace referencia a más de 664 artículos legales que reformará, eliminará o añadirá a la legislación.

Entre otras cuestiones, contempla la privatización distintas empresas públicas por parte del Ejecutivo "con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica", así como para "promover la inversión privada" y "reducir la carga fiscal". Algunas de las compañías mencionadas son el Banco de la Nación Argentina, la Casa de la Moneda, la petrolera YPF, los ferrocarriles o la agencia de noticias Télam.

El Gobierno argumenta sus medidas en la "voluntad" de iniciar "la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos, que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación". La oficina del presidente comunicó el envío del proyecto de ley en un mensaje publicado en X acompañado de una fotografía del documento.

El Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al… pic.twitter.com/5yYSBYA751— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 27, 2023

Reformas en la ley electoral y contra las protestas

El texto contempla cambios en el actual sistema electoral argentino (sistema D'Hont) para sustituirlo por uno de "circunscripciones uninominales" en la línea del modelo estadounidense y elimina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto, según defiende el texto, "devuelve la autonomía a los partidos políticos para que decidan sus candidatos a cargos nacionales de la manera que consideren más apropiada".

El proyecto de ley propone, además, medidas contra los manifestantes con penas de dos a cuatro años de prisión para aquellos que estorben o entorpezcan "el normal funcionamiento de los transportes" o los "servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

También contempla penas de hasta seis años de prisión para aquellos que obliguen a otro a asistir a una movilización o protesta. Las manifestaciones deberán ser notificadas con al menos 48 horas de antelación, facilitando todos los datos de los organizadores.

Asimismo, el proyecto blinda el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el miércoles por Milei.

¿Qué es el DNU?

Hace apenas una semana, Milei anunció en un discurso a la nación un decreto con más de 300 medidas para liberalizar la economía. El DNU es un mecanismo recogido en la Constitución que permite al Ejecutivo legislar en circunstancias excepcionales, aunque impide hacerlo en materia penal, tributaria o electoral. Tras su promulgación, el Congreso puede determinar si continúa o no vigente.

El mandatario ya advirtió en su primer discurso como presidente del inevitable "periodo de dureza" que se abría paso tras su elección y mencionó que "no hay alternativa al shock".

Su "megadecreto" sí recogía cuestiones como la derogación de la ley de alquileres, la iniciativa de suprimir la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas o la derogación de la ley de abastecimiento, que contempla sanciones a empresas en casos de escasez de productos.

Milei aseguró que el objetivo del decreto es "devolver la libertad y la autonomía" a los argentinos "sacándoles el Estado de encima", así como volver a convertir a Argentina "en potencia mundial".

En su primer discurso como presidente, Milei ya anticipó que no había "alternativa al shock" ante la multitud que celebraba el inicio de "una nueva era". Con la frase "no hay plata" por bandera, el mandatario daba por finalizada una etapa de "decadencia y declive", pero advertía del inevitable "periodo de dureza" que se abría paso.

Las primeras movilizaciones contra Milei

La semana pasada, el plan de austeridad del nuevo presidente ya despertó las primeras protestas en el país, aunque no contaron con la afluencia esperada por sus organizadores.

Después, las movilizaciones se han ido sucediendo conforme Milei iba desvelando los planes de su Gobierno y este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una huelga general para el próximo 24 de enero y una movilización frente a la sede del Congreso.

Durante las protestas del miércoles, se registraron diversos incidentes en el centro de Buenos Aires, donde varias personas fueron detenidas. Los altercados comenzaron cuando los agentes antidisturbios formaron un cordón para impedir que los manifestantes entorpecieran el tráfico, una de las insistencias de Milei. La manifestación logró reunir a unas 8.000 personas.

"Nos sacan todos los derechos a los trabajadores", declaró a TVE Luciano, presente en la manifestación.

"El camino no es barrer con los derechos laborales conquistados", defendía, por su parte, Lucía, otra de las manifestantes.

La profesora de Ciencias Políticas Laura Tedescio cree que las protestas están lejos de acabar. "No se van a frenar tan fácilmente, no solo por el decreto de necesidades y urgencia, sino por la polarización que existe en Argentina y porque Milei está tratando de hacer una transformación muy grande del Estado que va a tener un impacto muy importante en la población", ha explicado en el Canal 24 Horas.

¿Es posible que el Congreso avale los planes de Milei?

El Parlamento argentino puede ser el encargado de frenar los planes reformistas de Milei, ya que la formación del mandatario, La Libertad Avanza, cuenta con una representación muy minoritaria en el Parlamento.

"Milei no tiene apoyo en el Congreso, de 257 diputados tiene solo 38 y de 72 senadores tiene solo ocho, por lo que va a ser muy difícil que muchas de las medidas se puedan transformar en ley", ha explicado Tedescio. Además, añade, "no se puede gobernar un país a partir de decretos, se necesitan acuerdos, pero eso hoy por hoy es casi imposible".

De hecho, los diputados del frente opositor peronista Unión por la Patria, que cuenta con 33 de los 72 diputados del Senado y con 102 de los 257 del Congreso, ya han puesto de manifiesto su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.

En un comunicado, el partido ha defendido que la iniciativa de Milei "ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales".