Enlaces accesibilidad

Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un protocolo común para atender los casos de violencia sexual

  • Busca mejorar la detección, valoración e intervención en los servicios sanitarios, con atención física, psicológica y social
  • Promueve la formación y sensibilización de los profesionales, especialmente, ante los casos de mayor vulnerabilidad

Por
Sanidad y las comunidades acuerdan un protocolo común de violencia sexual
Una mujer se cubre el rostro, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este jueves un protocolo común para la atención a los casos de violencia sexual.

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), han acordado las pautas tras el trabajo de diferentes profesionales de las distintas autonomías y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El objetivo de este nuevo protocolo es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea para el conjunto del Sistema Nacional de Salud respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual (pasada o reciente) en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de hijas e hijos u otros menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja o expareja.

Atención sanitaria integral: física, psicológica y social

Estas pautas se constituyen con la intención de disponer de una atención sanitaria integral (física, psicológica y social) "ágil, respetuosa y eficaz" para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, según destaca la nota de prensa de Sanidad, "con especial interés en la actuación en los casos de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación".

En ese sentido, se promoverá una mayor sensibilidad en el conjunto de profesionales de la salud sobre factores específicos: discapacidad, problemas de salud mental, migración, identidad sexual y otros, que puedan suponer un riesgo añadido de que sus derechos no sean respetados.

En atención primaria y hospitalaria

El departamento de la ministra Mónica García destaca dos ámbitos donde es especialmente relevante el protocolo: la atención primaria y la hopitalaria. En la primera, "por su proximidad y contacto cercano y continuado con la población, que se traduce en una mayor capacidad y probabilidad de detección de la violencia sexual".

En cuanto a los hospitales, se indica que los profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta, sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Salud Mental. Estos pueden realizar preguntas exploratorias ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de la atención que se ofrece.

Actuación coordinada y con más sensibilización y formación

El protocolo busca garantizar una actuación coordinada con las y los medicas y médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Forense y una atención integral a las víctimas de violencia sexual (reciente y pasada), en el marco de equidad y cohesión para el conjunto del SNS.

También se quiere sensibilizar y formar al personal sanitario del SNS, así como actualizar el conocimiento basado en la experiencia y la evidencia científica de los últimos años, proporcionando al personal sanitario herramientas comunes para la toma de decisiones e intervención sanitaria integral, humanizada y de calidad en los casos de violencia sexual.

Por otro lado, indica Sanidad, el protocolo mejorará la atención en los servicios sanitarios, promoviendo un espacio de intimidad y confidencialidad adecuado durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, incluyendo la emisión del parte de lesiones, el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas.

Finalmente, con su implementación, el Ministerio considera que se mejorará la investigación sanitaria en materia de violencia sexual, con relación a la efectividad y eficiencia de las intervenciones sanitarias realizadas.