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La asociación conservadora de jueces rechaza la ley de amnistía: "Es el principio del fin de nuestra democracia"

  • La APM asegura que la norma pretende "romper" las reglas de la Constitución y "volar por los aires" el Estado de Derecho
  • La asociación denuncia que se exonere "a unos pocos" de las penas declaradas "sin modificaciones legales previas"

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Magistrados y jueces durante una toma de posesión en la Audiencia de Bizkaia.
Magistrados y jueces durante una toma de posesión en la Audiencia de Bizkaia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha manifestado su "mas firme rechazo" a una ley de amnistía por el 'procés', porque consideran que sería "el principio del fin de nuestra democracia", pues pretende "romper" las reglas de la Constitución y "volar por los aires" el Estado de Derecho.

En un comunicado difundido a media noche de este miércoles a través de las redes sociales, la APM sostiene también que la amnistía cuestiona la labor de los jueces que aplicaron las leyes, pues cree que "tiene el claro objetivo de anular el Poder Judicial" y quiebra el principio de separación de poderes, "esencial en democracia".

"Se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho", ha criticado la APM en el comunicado en el que ha recordado que lleva "mucho tiempo" alertando "sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho". 

Cree que deslegitima el Estado de Derecho

Asimismo, la asociación judicial mayoritaria afirma que esta medida deslegitima el Estado de Derecho y al Poder legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, y lanza "el mensaje falaz" de que "el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos".

La APM explica que la iniciativa legislativa que se va a presentar supone la concesión de la amnistía de aquellos que participaron en "los graves acontecimientos" de Cataluña del 1-O de 2017, "hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles".

La asociación mayoritaria entre los jueces, que tiene más de 1.400 jueces y magistrados asociados, considera "inaceptable e inasumible para una democracia plena" que se impulse una norma legal que "exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente".

Además, añaden los jueces, la amnistía vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal "a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones".

En este sentido, ha incidido en que una ley de amnistía "no es admisible en la Constitución Española de 1978" y "pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo".

"Grave riesgo" de conseguir la independencia con la fuerza del terror

Todo ello acarrea "el grave riesgo" de que el mismo trato puedan exigir también "quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad".

No obstante, la APM dice que no se va a pronunciar sobre el hecho "de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos", pues sostiene que no les corresponde a los jueces valorar la ética y los principios de los actores políticos, "ni siquiera la ausencia de los mismos".

Además, ha expresado su rechazo a una ley de amnistía que "tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial", el "último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".

Por todo ello, ha censurado que la norma se impulse "para tener los votos necesarios para una investidura".