Enlaces accesibilidad
Comunidad de Madrid

Reyero afirma que el 90% de los ancianos murió en la residencia sin ser derivados en la primera ola de la COVID

  • El juez investiga varios casos de fallecidos en dos centros de mayores de Madrid entre marzo y abril de 2020
  • Según el exconsejero, lo que provocó "una mayor mortalidad" fueron unos protocolos "que jamás debieron aplicarse"

Por
El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero a su llegada a testificar
El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero a su llegada a testificar

El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero ha declarado ante el juez que el 90% de los residentes que murieron entre marzo y abril de 2020 lo hizo en el propio centro de mayores como consecuencia de la aplicación de los protocolos de no derivación a los hospitales.

"Solo el 10% falleció en los hospitales. Este dato refleja muy bien lo que ocurrió y es algo absolutamente anormal", ha subrayado el expolítico al concluir la comparecencia, que apenas ha durado unos quince minutos.

Reyero ha declarado este jueves como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que investiga varios casos de fallecidos en dos residencias de mayores de la capital durante la primera ola de la pandemia. En concreto, el juez investiga a las directoras, así como a dos doctoras, a instancias de dos querellas interpuestas por familiares de fallecidos a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE).

En estos dos centros, según Reyero, fallecieron en torno a 60 o 70 personas en cada una. Así, ha indicado que "en una situación normal" el 80% de los residentes fallecen en los hospitales y el 20% en las residencias.

"Durante la pandemia ocurrieron muchas cosas, pero un aspecto muy importante que provocó una mayor mortalidad en las residencias fue la aplicación de unos protocolos que jamás debieron aplicarse", porque se emplearon unos "criterios de discapacidad y dependencia sobre personas especialmente vulnerables que no tuvieron la oportunidad de ser tratadas en un hospital como ocurría con las personas que no vivían en las residencias", ha argumentado el exconsejero.

Los residentes quedaron "a la suerte de los medios que tenían las residencias"

A preguntas de los abogados, ha expuesto ante el instructor que "en las residencias se cuida y no se cura". "Esos protocolos suponían que unas personas con unas determinadas características no tuvieran esa posibilidad de recibir asistencia hospitalaria", ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada a los juzgados.

24 horas - Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la CAM: "Las imputaciones le corresponden a un juez y no a Ayuso" - Escuchar ahora

Según ha dicho, "los protocolos lo que establecían era unos geriatras de referencia y eran los que tenían que autorizar que esas personas pudieran ser trasladadas" a los hospitales.

Al igual que en otras ocasiones, ha señalado que estos residentes quedaron "a la suerte de los medios que tenía cada una de las residencias" y que "había residencias que tenían más medios, pero había residencias que prácticamente no tenían medios, ni siquiera tenían ni médico ni enfermero". Además, ha recalcado que "desgraciadamente" no se han depurado las responsabilidades políticas.

Otros comparecientes

También ha declarado ante el juez como testigo la exdirectora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien también ha reconocido que los protocolos de no derivación de residencias a hospitales existieron y se aplicaron.

El abogado de la residencia Amavir Araganzuela, el letrado Jesús Mandri, ha señalado que este centro cumplió los protocolos dictados, sin posibilidad de hacer lo contrario. En este caso, ha dicho, el traslado fue autorizado por el hospital, siendo la familia la que se negó a que se hiciera efectivo. Sin embargo, familiares de fallecidos en este centro le han replicado que no les consultaban ni les dejaban ponerse al teléfono.

El magistrado tenía previsto interrogar el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, pero no lo ha hecho al no ser notificado debido a que reside en Andorra. En su caso, el abogado de los querellantes, el letrado Andrés Ollero, estudia solicitar al juez que Mur declare cuando sea citado en calidad de investigado al ser el cargo que firmó los protocolos.