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PSOE y ERC pactan rebajar a 4 años la pena máxima por malversación sin lucro que beneficiará a los líderes del 1-O

  • La enmienda transaccional ha contado finalmente con el necesario voto a favor de Unidas Podemos
  • La ponencia de la Comisión de Justicia ha incorporado esta y otras propuestas a la reforma del Código Penal

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PSOE y ERC pactan rebajar a 4 años la pena máxima por malversación sin lucro que beneficiará a los líderes del 1-O

El PSOE y ERC han presentado este lunes una enmienda transaccional en la que acuerdan rebajar hasta los 4 años las penas máximas por malversación cuando no exista ánimo de lucro y crear un nuevo tipo de malversación por dar a los fondos públicos un uso distinto al previsto.

Reunida en sesión extraordinaria en la tarde del lunes, la ponencia de la Comisión de Justicia ha incorporado esta y otras enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición y convertirlo en un uno agravado de desórdenes públicos.

La enmienda transaccional sobre malversación de PSOE y ERC, que han estado negociando intensamente este fin de semana, ha contado finalmente con el necesario voto a favor de Unidas Podemos.

Finalmente, distinguirán tres tipos de conductas castigadas por este delito: en primer lugar, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave; en segundo lugar, el uso temporal de patrimonio público para uso privado; y por último, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado.

Tres conductas distintas por malversación

En total se retoca los artículos 432, 433 y 434 del Código Penal. Así, se recoge la propuesta del PSOE para crear un nuevo tipo de delito para castigar con entre 1 y 4 años de cárcel (frente a los 3 que proponía ERC) y entre 2 y 6 años de inhabilitación cuando se desvíe patrimonio público a una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviera destinado y "si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado".

Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses.

Por otro lado, según el texto pactado para el artículo 432, la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie de patrimonio público que tenga a su cargo será castigado con entre 2 y 6 años de cárcel, pena que subirá de 4 a 8 años en su tipo agravado. Se trata de una redacción similar a la que fija el actual Código Penal para toda la malversación, suponga o no un enriquecimiento personal.

Cómo afectaría a los condenados por el 'procés'

Esta modificación del Código Penal podría beneficiar tanto a los condenados por el 1-O como a los dirigentes independentistas que están siendo procesados. Estos últimos, entre los que se encontraría el expresidente catalán Carles Puigdemont, se enfrentaban a una pena máxima de 12 años, que ahora pasaría a ser de 4 años.

En el caso de los ya condenados como Oriol Junqueras, será un juez el que revise la condena, que podría pasar de 6 años de inhabilitación a 3.

A ojos del grupo catalán, sin embargo, el nuevo tipo de malversación "no se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público".

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este lunes por la mañana que no conseguirán extraditar al líder independentista "hagan la reforma que hagan al Código Penal". En declaraciones a RAC1, ha afirmado que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición es una "chapuza", que se ha realizado de forma "improvisada" y que es un tema que les preocupa "bastante poco".

Las enmiendas para la reforma del Código Penal

La reforma penal del PSOE y de Unidas Podemos que se está tramitando se centraba inicialmente en la supresión del delito de sedición, pero las enmiendas registradas el pasado viernes ampliaron el objeto de la proposición de ley.

Por un lado, el PSOE y Unidas Podemos han aprovechado para tratar de añadir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos y modificaron su propia redacción del nuevo supuesto de delito de desórdenes públicos agravados. Además, los dos socios del Gobierno propusieron reformar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el bloqueo y allanar el camino de los candidatos designados por el Gobierno.

Por otro lado, Esquerra Republicana se sumó y propuso modificar el delito de malversación de caudales públicos para rebajar la pena en casos donde no haya lucro personal. Sobre ese texto, los partidos del Gobierno han pactado con los independentistas una propuesta transaccional.

Este lunes Unidas Podemos no ha firmado finalmente con el PSOE la enmienda a la reforma del Código Penal relativa a la malversación y ha planteado "dudas" sobre ella respecto a la "futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Sin embargo, ha facilitado que la reforma "no descarrile" en la ponencia de la Comisión de Justicia.