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Ayuso recurre ante el Supremo el currículo de Bachillerato sin el apoyo del resto de comunidades del PP

  • El partido respalda la decisión y comparte el argumentario de que "el adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas"
  • Díaz Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha actuado por "extrema necesidad" porque no quedaban "más opciones"

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Ayuso recurre ante el Supremo el currículo de Bachillerato en solitario

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa con su ofensiva contra el Ejecutivo central y ha pedido este lunes al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del currículo de Bachillerato que desarrolla la Lomloe, una maniobra que la Comunidad de Madrid ejecuta en solitario, dado que el resto de regiones gobernadas por el PP no lo hará, pero lo hace con el apoyo de Génova.

El PP respalda la decisión de Díaz Ayuso de recurrir el currículo educativo y comparte el argumentario de la presidenta madrileña de que "el adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas", ha subrayado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha recordado que los populares tienen la Lomloe, conocida como 'ley Celaá', recurrida ante el Tribunal Constitucional.

"Compartimos esa inquietud y además están legitimadas las comunidades autónomas. Por tanto, es la Comunidad de Madrid quién puede llevar a cabo esa acción", ha declarado Gamarra.

Piden la suspensión cautelar

En rueda de prensa junto al portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, Díaz Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha actuado por "extrema necesidad" porque no quedaban "más opciones", dado que el plazo para presentar el recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal vencía este lunes.

El Tribunal Supremo podría resolver el recurso en el plazo de un año y, por ese motivo, han solicitado la suspensión cautelar del currículo de Bachillerato y que el curso escolar 2022/23 comience con los libros de texto del año anterior.

"Estamos obligados a defendernos", ha afirmado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que trasladó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión que iba a adoptar su Gobierno frente a un currículo educativo que considera que conlleva "una gran carga ideológica".

Cada región adopta sus propias decisiones en "sus propias competencias"

No ha entrado a valorar por qué el resto de comunidades gobernadas por el PP no seguirán el mismo camino, pero ha subrayado que el PP respeta que cada región adopte sus propias decisiones "en asuntos que son de sus propias competencias", como las educativas.

"Soy presidenta de la Comunidad de Madrid por encima del PP de Madrid, la representación de todos los madrileños trasciende a las siglas de los partidos", ha dicho Díaz Ayuso, para añadir, a continuación, que "si el PP aprobara una subida generalizada de impuestos tendría que tomar mi camino como presidenta autonómica".

"Vamos a cumplir la ley pero recurriremos", ha asegurado Díaz Ayuso, que ha explicado que esta actuación contra el real decreto del Gobierno "no es una batalla contra nadie" sino "una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades".

"El Gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles", ha expresado la presidenta regional, antes de advertir de que su Gobierno "no se va a callar y va a utilizar todas las herramientas del Estado de derecho, con lealtad pero con firmeza".

Además de censurar que los plazos "son imposibles de cumplir" por la tardanza del Gobierno en publicar el real decreto, dejando poco margen a las comunidades para elaborar los suyos propios, ha apuntado que no descartan recurrir ante el Tribunal Constitucional, si una vez analizado el currículo a fondo comprueban que se invaden sus competencias educativas.

Este mismo lunes, la ministra de Educación Pilar Alegría ha afeado a Ayuso que esté "generando continuamente ruido" en lugar de "hacer sus deberes" en materia educativa y ha asegurado que "no es propio de una alumna aventajada" anunciar ahora un recurso contra un decreto "que lleva dos meses aprobado y publicado" en el BOE.