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La ley de 'solo sí es sí' incluiría programas formativos para los agresores sexuales menores de edad

  • La suspensión de las medidas por parte del juez, se condicionará al cumplimiento de haber recibido esa formación
  • El PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han registrado enmiendas en este sentido para ser incluidas en el texto final

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La ley de 'solo sí es sí' incluiría programas formativos para los agresores sexuales menores de edad

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves si incluir en la ley del 'solo sí es sí' la obligatoriedad de que los menores que cometan delitos sexuales tengan que realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, una propuesta que los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han registrado mediante enmiendas.

Ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad para que desde un enfoque "responsabilizador", más que punivista, todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual incluyan la obligatoriedad de la medida accesoria de que el menor agresor se someta a estos programas formativos.

"Estas enmiendas responden a relevancia de los casos en los que los agresores son menores de edad, lo que hace necesario reforzar las medidas frente a los delitos de sexuales en la llamada Ley penal del menor, para evitar que el comportamiento machista y violento que revelan estos casos se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes", dicen desde este departamento en un comunicado.

En cuanto a la suspensión de las medidas por parte del juez, se condicionará al cumplimiento de haber recibido esa formación.

Además, cuando se trate de delitos contra la libertad sexual o de delitos relacionados con la violencia de género, la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito estará condicionada a que sea la víctima la que la solicite de forma expresa. En los demás supuestos, no cabrá la conciliación o mediación.

El dictamen fue aprobado sin la enmienda de la prostitución del PSOE

El Pleno debatirá estas y otras enmiendas de los grupos que han decidido mantener vivas el jueves en el debate del dictamen de la ley, que fue aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado miércoles y que previsiblemente saldrá adelante para seguir su tramitación en el Senado.

Lo hace sin los artículos que penalizan el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa) tras la aprobación de una enmienda pactada por varios grupos.

Fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP los quisieron suprimir porque defienden la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

El PSOE, por su parte, retiró una enmienda que iba más allá de la ley al pedir que se castigara a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que hubiera una relación de explotación, una propuesta que no contaba con el apoyo de los socios del Gobierno en el Congreso.

La ley considera ilícita cualquier forma de publicidad de prostitución

El dictamen aprobado en la Comisión, que mantiene los ejes del proyecto: eliminar en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas, sí incluye varios cambios en el proyecto de ley.

Así, tras las enmiendas aprobadas la semana pasada, el dictamen de la ley modifica la Ley General de Publicidad para considerar ilícita cualquier forma de publicidad que contribuya a promover la prostitución.

"Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad", señala el artículo 11 del texto.

Asimismo, se incluyen apartados para garantizar campañas "de concienciación y sensibilización" destinadas a desincentivar "la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas".

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