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Ecuador declara el estado de excepción por el auge de la delincuencia y la inseguridad

  • Se llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día y requisas de drogas
  • Ha anunciado la creación de un "comité de defensa legal de la fuerza pública" encargada de defender a policías o militares

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Presidente de Ecuador Guillermo Lasso, mientras realiza un pronunciamiento
El residente de Ecuador Guillermo Lasso mientras realiza un pronunciamiento

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado este lunes el estado de excepción durante 60 días en todo el territorio nacional ante el auge de la delincuencia y la inseguridad derivada, principalmente, del narcotráfico.

A través de este decreto ejecutivo, Lasso ha blindado a las Fuerzas Armadas ante posibles demandas por ejercer sus funciones en las calles de todo el país. De este modo, se llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día y requisas de drogas, entre otras acciones.

El mandatario ha tomado esta decisión debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen. La medida excepcional "tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público", precisa el decreto ejecutivo.

A pesar de que el estado de excepción se ha decretado en todo Ecuador, las medidas se centrarán especialmente en la provincia de Guayas, donde se han producido incidentes en las últimas semanas que la han convertido en la zona más afectada por la ola delictiva.

En otras provincias como El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) también se ha dispuesto la movilización de militares para complementar las acciones policiales.

El mandatario ha complementado su decisión también mediante un mensaje a la nación, en el que ha anunciado la creación de un "comité de defensa legal de la fuerza pública" encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad.

El Gobierno de Ecuador ya declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario el pasado 30 de septiembre tras una reyerta en la Penitenciaría del Litoral que dejó al menos 116 reos asesinados y otros 80 heridos.