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La Fiscalía registró un aumento del 55% de casos de acoso sexual a menores en internet

  • El Ministerio Público advierte de un "fuerte repunte", de un 30 %, en las amenazas y coacciones a través de las redes
  • Delgado ha alertado, en la presentación de la Memoria, de que hay una "muy elevada cifra oculta de criminalidad"

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La Fiscalía General del Estado alerta de la "procupante" evolución de los delitos 'online' contra la libertad sexual
La Fiscalía General del Estado advierte de la "preocupante evolución de los delitos 'online' contra la libertad sexual.

Los casos de acoso sexual a menores por internet, un delito conocido también bajo el término de child grooming, aumentaron un 55% en 2020 en relación con el año anterior y un 175% con respecto a 2018. Es uno de los datos que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada este lunes en la apertura del nuevo curso judicial por la Fiscal General del Estado Dolores Delgado.

Delgado ha manifestado su preocupación por los delitos online contra la libertad sexual y, en particular, con los que afectan a menores, y ha alertado de que hay una "muy elevada cifra oculta de criminalidad" en este ámbito.

El departamento dirigido por Dolores Delgado advierte de la "preocupante evolución de los delitos 'online' contra la libertad sexual", en particular de los que afectan a menores de edad, que suponen un 8,5% del total y representan un incremento del 18,45% con respecto a 2019.

El Ministerio Público explica que los delitos de pornografía infantil "presentan estabilidad respecto de años anteriores", pero avisa de que "estos datos no parecen responder a la evolución real de la elaboración y tráfico de este material ilícito, pues no suelen ser objeto de denuncia".

La fiscal general ha presentado un resumen de la memoria de la institución centrada en el año de la pandemia, cuando se incoaron 1.840.128 causas, un descenso significativo respecto a 2019 por la suspensión de los plazos procesales durante casi un trimestre.

COVID y residencias de mayores

El Ministerio Público precisa en su dossier que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, "fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores". Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir "de forma periódica y centralizada" toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.

En el ámbito de las actuaciones desplegadas para proteger a las personas mayores y con discapacidad en residencias, la Fiscalía interpuso el pasado año 27 denuncias y se incoaron 441 diligencias de investigación, de las que 212 continuaban abiertas al finalizar 2020.

Además se abrieron 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las 491 continuaban en tramitación al concluir el año.

Este año se han interpuesto 24 denuncias penales y se han incoado 60 diligencias de investigación penal y otras 135 preprocesales civiles de protección.

Solo siete de las mujeres asesinadas había denunciado

Delgado ha subrayado el trabajo realizado para proteger a las mujeres recluidas con sus agresores en el año de la pandemia, cuando bajaron las denuncias por violencia machista al aumentar el control que los maltratadores ejercen sobre sus víctimas.

Bajó también el número de víctimas mortales, aunque este año son ya 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, "cifras inasumibles en una sociedad democrática", ha manifestado.

Según la memoria, en 2020 hubo un aumento del 40,7 % de la concesión de dispositivos de control telemático a maltratadores y se otorgaron el 71 % de las órdenes de protección solicitadas.

Delgado, que ha subrayado la necesidad de combatir la violencia vicaria, que se ejerce sobre los hijos, ha alertado de que solo siete de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor y que tres de cada cuatro asesinatos machistas se cometieron fuera de las capitales, por lo que ha pedido un mayor despliegue territorial de recursos.

Se ha comprometido además a luchar contra la trata de personas, con 136 procedimientos judiciales abiertos el año pasado, el 75 % de ellos con fines de explotación sexual.

"Fuerte repunte" de los delitos de odio por las redes

La fiscal ha llamado a combatir "los discursos de odio" que proliferan en ámbitos públicos y privados y que fomentan "graves conductas vulneradoras de la dignidad humana y llegan a provocar actitudes violentas". Según la memoria, la orientación sexual es el motivo discriminatorio más frecuente, seguido del racismo y la xenofobia, aunque se observa un "sensible" aumento de las motivaciones ideológicas en redes sociales.

Frente a la tendencia general, la fiscalía de Barcelona destaca que han disminuido los casos de odio por motivos ideológicos (un 62 %) al relajarse el clima político tras el 'procés'.

Se destaca por otro lado en la memoria "fuerte repunte" de las amenazas y coacciones a través de las redes (un 30 % más) y un aumento del 10 % del acoso.

Las fiscalías de Madrid y Barcelona denuncian también el acoso y la violencia contra los menores extranjeros no acompañados, a los que se responsabiliza de la inseguridad de determinados barrios.

Otros delitos

Como en ejercicios anteriores, el mayor número de diligencias previas incoadas fue por delitos contra la vida y la integridad (29 %), por delante de los delitos contra el patrimonio, que se mantienen estable y representan el 20 %.

La memoria confirma que en 2020 se mantuvo la tendencia ascendente de los ciberdelitos, con la incoación de 16.914 procedimientos, un 28,6 % más que en 2019, aunque la subida es más moderada que en años anteriores.

En su discurso, Delgado ha subrayado la necesidad de dotar de más agilidad a los procesos judiciales sobre corrupción y delincuencia económica y de iniciar una reflexión sobre las competencias de la Audiencia Nacional en materia de crimen organizado y transnacional. Además, ha elogiado el proyecto que prevé que la Fiscalía asuma la investigación en los procesos penales.