La Fiscalía pide al juez que impute al tesorero y a la gerente de Podemos por el 'caso niñera'

• Se opone a la imputación de Iglesias porque no hay nada que "acredite siquiera indiciariamente" su participación en el caso
• El 14 de julio decárarán ambos como testigos en el caso, junto a la asesora de Podemos

El juez investiga el supuesto de una asesora de Irene Montero como niñera de sus hija.

La Fiscalía ha solicitado al juez de instrucción que impute al tesorero y a la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Esther del Val, en el conocido 'caso niñera', y se opone a que el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sea llamado como investigado. El magistrado José María Escribano acordó en abril incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por, presuntamente, haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos.

Precisamente la semana que viene, el miércoles 14 de julio, declara en calidad de investigada ante el juez la asesora, de la que se ha requerido su historial penal. Como testigos, ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.

La Fiscalía solicita en un informe fechado el 25 de junio la imputación de ambos dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, ellos "fueron los que ordenaron el pago y por lo tanto, y, en su garantía deben ser oídos como investigados". Fija la comparecencia para el 14 de julio.

Su oposición a la imputación de Iglesias se debe, dice la nota, a que "no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija de Pablo Iglesias.

El origen de la investigación

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y Teresa Arévalo, asesora de su equipo, para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos públicos.

El magistrado inició investigación sobre estos hechos, según la resolución, al entender que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Pese a que la ministra tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez acordó librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento "a los efectos legales oportunos".