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Coronavirus

El Gobierno mantiene el veto a la escuela concertada y la deja fuera de las ayudas del covid-19

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 Una educadora con dos alumnas durante la reapertura de la escuela infantil Las Viñas en Pozuelo, Madrid
Una educadora con dos alumnas durante la reapertura de la escuela infantil Las Viñas en Pozuelo, Madrid EFE/ Rodrigo Jiménez

PSOE y Unidas Podemos se han quedado sin apoyos para sacar adelante el documento de medidas de reconstrucción sobre Política Social y Sistema de Cuidados, después de que ambos partidos hayan rechazado incorporar al texto un programa de ayudas a la escuela concertada, tal y como exigían Ciudadanos y PP.

"Ese punto no se va a tocar", ha aseverado la portavoz de los socialistas en la Cámara baja, Adriana Lastra. La diputada ha indicado que su formación apuesta claramente "por la educación pública" y, aunque ha asegurado que tienen "respeto" por la educación concertada, ha insistido en que no habrá cambios.

Solo los dos partidos que sustentan el Gobierno han votado a favor del texto, que finalmente ha sido aprobado con 155 votos a favor, 132 en contra y cinco abstenciones, y gracias a la ausencia de Vox, que decidió abandonar la comisión hace unas semanas.

PP y Ciudadanos acusan la Gobierno de "atacar" a la concertada

Tanto el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique, como María Luisa Carcedo, desde el PSOE, han reiterado su intención de que las ayudas educativas por la crisis del coronavirus se centren en las escuelas públicas "de gestión directa", a la que acuden las familias más vulnerables y que en los últimos años ha sufrido grandes recortes.

La postura de ambos partidos ha sido criticada por PP y Ciudadanos, que acusan al Ejecutivo de "atacar" a la concertada. Los 'populares' aseguran que no pueden apoyar un texto que "deja al margen la libertad" de las familias a elegir la educación de sus hijos.

Según su portavoz en esta materia, Rosa Romero, la actitud de PSOE y Unidas Podemos es un regreso a "las viejas recetas de la izquierda" para "enfrentar lo público con lo privado".

Mientras que desde Cs, Sara Giménez ha lamentado la visión educativa del documento pactado porque -ha recordado al Ejecutivo- la crisis ha afectado por igual a los niños que acuden a los centros concertados que a los públicos. La diputada no cree que unos menores tengan que estar más protegidos que otros por esta razón y ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que dejen de "amenazar" al modelo concertado y a la educación especial. 

Los nacionalistas quieren conservar las competencias autonómicas

Coalición Canaria, UPN, y JxCat también han mostrado su rechazo a que la concertada no entre dentro de las ayudas previstas, que ascienden a 2.000 millones de euros. Diputados nacionalistas como los de Bildu o Compromis han achacado al Gobierno que se inmiscuya en materias cuyas competencias son autonómicas, como la educación.

También el representante de Junts en esta comisión, Ferran Bel, ha defendido el modelo de escuela concertada como parte del sistema público de educación. Bel ha señalado al Gobierno que con la exclusión de la educación concertada se castiga a los niños que estudian en ella y no a quien las gestiona.

"Son hijos de padres que pagan impuestos", ha declarado, para rechazar los argumentos del Ejecutivo cuando señala que la concertada es la opción de las élites. "Esto no lo vamos a apoyar", ha declarado el diputado.

Ante este razonamiento, la representante de Más País, la diputada de Equo Inés Sabanés, ha recordado que en las comparecencias de expertos para preparar estas medidas, las organizaciones de infancia denunciaron la existencia de dos grandes problemas en el sistema de educación: la segregación y la discriminación por razones socioeconómicas en los procesos de admisión de los colegios.

Por otro lado, el PNV ha pactado con PSOE y Unidas Podemos una transaccional para recoger en el documento el reconocimiento y respeto de las competencias autonómicas en materia de igualdad, derechos y servicios sociales, inclusión y vivienda, sistema de cuidados y educación que pudieran corresponder a cada comunidad autónoma en virtud de sus Estatutos, que les capacita para la elaboración, aprobación y ejecución de leyes y modelos propios.

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