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Golpe de Estado en Turquía

El Parlamento turco aprueba prorrogar por cuarta vez el estado de emergencia un año después del golpe

  • La mayoría absoluta del partido de Erdogan ha sacado adelante la medida
  • El objetivo es seguir con las purgas en la administración de presuntos golpistas

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, preside la reunión del Consejo Nacional de Seguridad
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, preside la reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

El Parlamento de Turquía ha aprobado este lunes prorrogar durante tres meses más el estado de emergencia, que está vigente en el país desde el fallido golpe de Estado perpetrado hace justo un año.

La votación ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), la formación islamista dirigida por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, mientras que el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, ha votado en contra.

Es la cuarta vez que el Parlamento turco vota extender esta medida, que permite gobernar por decreto y bloquea el recurso judicial a cualquier decisión tomada, y que fue implantada el 20 de julio del año pasado, cinco días después de la asonada, con el objetivo de apresar a los presuntos golpistas y a sus simpatizantes.

El presidente Erdogan ya había adelantado la semana pasada que el estado de emergencia no se levantaría "hasta que no termine la limpieza" de elementos golpistas en la administración pública.

Se cumple un año del séptimo golpe militar en la historia moderna de Turquía. Un grupo de militares intentó desplazar a Erdogan y hacerse con el poder. La resistencia de la población en las calles fue decisiva para que fracasara.

Más de 100.000 represaliados

El viceprimer ministro, Nurettin Çanikli, ha confirmado que, hasta ahora, 111.240 empleados públicos han sido destituidos por supuestos vínculos con la cofradía del predicador Fethullah Gülen, al que Ankara responsabiliza de la asonada. Algunas estimaciones anteriores hablaban de casi 140.000 empleados, una cifra que incluye a unos 21.000 profesores de la enseñanza privada, a los que se les ha retirado la licencia pedagógica.

Çanikli se ha mostrado convencido de que aún falta un gran número de funcionarios por purgar y ha subrayado que solo el estado de emergencia hace posible tomar esta medida manteniendo el necesario secreto.

"Con el último decreto [el viernes pasado] se destituyó a 7.400 personas. Sin estas condiciones habríamos tardado quizás uno o dos años para ello", ha destacado el viceprimer ministro en el Parlamento.

La oposición, sin embargo, ha criticado el mantenimiento de un estado de excepción que constriñe su labor y reduce las garantías democráticas: hace pocas semanas, el líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, reunió a una multitud de manifestantes que clamaba por el restablecimiento de las libertades previas al golpe, en la mayor protesta opositora desde las revueltas de Gezi de 2013.