El Tribunal de Cuentas condena a Alonso y Maroto a pagar 393.000 euros por un alquiler perjudicial para Vitoria

• Alquilaron en 2007 unas oficinas a un precio muy superior al de mercado
• Alonso era entonces el alcalde de Vitoria (PP) y Maroto, concejal de Hacienda
• El actual ministro de Sanidad y el vicesecretario del PP recurrirán la sentencia

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto (archivo)

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, -así como al resto del Gobierno municipal de Vitoria en 2007- a pagar 393.862 euros por el perjuicio que causaron a las arcas públicas cuando estaban al frente del Ayuntamiento por la firma de un alquiler de unas oficinas a un precio considerado muy superior al de mercado al empresario Gonzalo Antón. El PP recurrirá la sentencia del tribunal.

Ambos han sido condenados por su "responsabilidad contable" en este caso junto al resto de miembros del equipo municipal. El contrato, firmado cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas estima de esta forma parcialmente las demandas formuladas por el actual Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, y los representantes del PSE-EE y el partido jeltzale en el Consistorio y considera que Alonso, Maroto y los siete acusados son responsables directos de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler.

Los técnicos estimaron en el alquiler en un precio más bajo

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, según señaló la comisión de investigación municipal creada en su día en torno a este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento, y declara "responsable contable directo" de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.

El Tribunal de Cuentas condena a todos ellos, como "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" al pago de los más de 393.000 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas.

Este Tribunal absuelve, no obstante, a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable "por alcance" formalizada contra ellos por "incorrecta actualización de renta" en los años 2009, 2012 y 2013.

Alonso y Maroto recurrirán la sentencia

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso y el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, recurrirán de inmediato la sentencia del Tribunal de Cuentas, según han avanzado fuentes de la formación a Europa Press.

Estas mismas fuentes aseguran que la ponente de la sentencia es de Izquierda Unida y que el asunto por el que les condenan es una mera cuestión contable. Argumentan que lo que se discutía en la denuncia es si el precio por metro cuadrado de las oficinas que alquiló el ayuntamiento de Vitoria en 2007 al empresario Gonzalo Antón era de 10 o de 12 euros.

Recuerdan también que la denuncia se presentó por la vía penal pero que fue archivada por no encontrar indicios de delito y que los propios denunciantes habían afirmado en su momento que no lo denunciaban como un caso de corrupción.

La denuncia, presentada por el PSOE, el PNV y Bildu, se presentó durante la campaña electoral y tras ésta, Bildu se retiró del caso.