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Los mossos del "caso Raval" pactan una pena mínima para evitar la cárcel

  • Alcanzan un acuerdo antes del juicio que han ratificado ante el magistrado
  • Los mossos reconocen el homicidio imprudente de Juan Andrés Benítez en 2013

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Los seis mossos acusados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez evitan la cárcel

Los seis mossos acusados del homicidio del empresario Juan Andrés Benítez tras ser reducido en el barrio del Raval de Barcelona en octubre de 2013 han aceptado este lunes una pena de un año y once meses de cárcel, lo que les libra de ingresar en prisión, gracias a un acuerdo de conformidad que han ratificado ante el juez.

Así pues, lo seis agentes reconocerán el delito de homicido imprudente a cambio de esta pena inferior a dos años, lo que evitará la celebración del juicio, que estaba previsto para este lunes con un jurado popular, y les evita terminar en prisión.

Seis mossos serán juzgados por homicidio por la muerte del empresario del barrio del Raval

El acuerdo, al que han llegado todas las partes del caso -Fiscalía y la acusaciones popular y particular-, establece además una indemnización de 150.000 euros para la hermana de Juan Andrés Benítez, y también una pena mínima para los dos mossos que estaban acusados de un delito de obstrucción a la justicia por presuntamente tratar de borrar pruebas. Además, los acusados no ejercerán como mossos durante el período de condena y estarán sin patrullar durante cinco años.

El acuerdo de conformidad se ha fraguado tras una negociación a última hora entre todas las partes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya rechazado esta mañana expulsar del procedimiento a la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos (ACDH), que hasta ahora era el único escollo para el pacto.

La Fiscalía, que pedía 11 años de cárcel para los seis mossos acusados de la muerte de Benítez, calificaba los hechos como un delito de homicidio con dolo y alternativamente por homicidio imprudente, contra la integridad moral y de obstrucción, al igual que la acusación particular, mientras que la acusación particular califica los hechos de homicidio, contra la integridad moral y encubrimiento.

Para los otros dos agentes, acusados de obstrucción a la justicia -por limpiar con agua los restos de sangre de Benítez y por permitir el borrado de una fotos de los hechos-, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel para cada uno.

La fiscal concluye que, aunque los acusados no tenían la intención directa de causar la muerte a Benítez, que murió en el hospital horas después de su detención tras pelearse con un vecino, "colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podía desembocar en su fallecimiento, conociendo por tanto, que este resultado podía producirse".

Prohibido acercarse a la calle donde murió el empresario

En la vista, el juez ha acordado que los mossos no ingresarán en prisión, aunque si durante un período de tres años vuelven a delinquir sí que podrían acabar entre rejas.

Además de la suspensión de empleo y sueldo durante el período de condena, los seis mossos aceptan someterse, al finalizar este plazo, a un total de cinco años de libertad vigilada, en la que no podrán patrullar ni tampoco acercarse a menos de un kilómetro de la calle Aurora, donde redujeron a Benítez. La introducción de estas condiciones es la que ha hecho posible que la acusación particular aceptase el acuerdo, ya que inicialmente exigía para pactar que los agentes fueran expulsados del cuerpo.

Los seis mossos también han sido condenados a seguir un curso de derechos humanos.

Por su parte, los dos agentes a los que se iba a enjuiciar por encubrimiento han asumido una condena de tres meses de cárcel, período en el que también quedarán suspendidos de empleo y sueldo.

Además, los acusados se comprometen a indemnizar a la familia de la víctima con 150.000 euros, aunque esta cantidad será satisfecha por la aseguradora de la Generalitat. En la vista celebrada para ratificar el pacto, el abogado de la Generalitat Josep Lluis Florensa ha anunciado que la administración catalana se compromete a revisar los protocolos policiales sobre reducciones.

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