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La Fiscalía pide para el ex número dos del PNV en Álava 54 años de cárcel por corrupción

  • Alfredo de Miguel es el presunto líder de una trama de comisiones ilegales
  • El fiscal solicita la apertura de juicio contra 26 personas
  • El caso es el mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco

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El exnúmero dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel.
El exnúmero dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, en una imagen de 2011.

La Fiscalía de Álava pide 54 años y nueve meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha hecho público este viernes su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés.

El escrito del fiscal, en que especifica los hechos y delitos de los que acusa, se ha conocido justo un año y un día después de que el juez Roberto Ramos culminara la instrucción del mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco.

"Trama organizada" en torno a sí mismo

El magistrado concluyó entonces que había quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de "una trama organizada" en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de diferentes administraciones y entes públicos gobernados por el PNV, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009.

Estas contrataciones, según el escrito, se adjudicaban a empresas propiedad de De Miguel, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que "mantenía relación o vinculación de una u otra manera". A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero "por trabajos que nunca fueron realmente hechos".

Ahora la Fiscalía reitera esa idea y asegura que De Miguel, que ha sido también diputado foral de Presidencia y vicepresidente de la Caja Vital, ideó en una fecha "indeterminada", pero anterior a 2005, la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

El fiscal jefe de Álava dice que para ello se aprovechó de las "responsabilidades políticas y/o administrativas" que tenía por su pertenencia al PNV y que contó con la "ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados", "algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas".