El Consejo de Estado ve una "declarada insumisión" en la resolución del Parlament y avala el recurso al Constitucional

• Da vía libre al Gobierno para que impugne la declaración secesionista catalana
• El órgano consultivo está "muy de acuerdo" con lo que propone el Gobierno

El Consejo de Estado apoya por unanimidad que el Gobierno recurra ante el Constitucional

El Consejo de Estado ha avalado este martes por unanimidad la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña.

De este modo, mediante este dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante, se da vía libre al Gobierno para que interponga el recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la declaración secesionista votada por Junts pel Sí y la CUP [Dictamen del Consejo de Estado, en .pdf].

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha dictaminado que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para impugnar la declaración ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que, según destaca, esa resolución "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado". Según añade, niega el "orden constitucional vigente en su conjunto".

En su informe, el Consejo de Estado señala además que la impugnación ante el Constitucional "correspondería que se dirigiera contra la resolución en su conjunto" y no "contra puntos concretos" puesto que "todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores".

Evidente voluntad de "desacato" a la Constitución

Según el Consejo de Estado, toda la resolución muestra una voluntad de "desobediencia o desacato" a la Constitución tan evidente "que hace prescindible, por innecesaria, la labor de análisis y razonamiento" para acreditar la inconstitucionalidad.

“Consideran que la resolución de ruptura tiene una voluntad evidente de "desobediencia o desacato" a la Constitución“

Según este informe, hay dos contenidos básicos en la resolución que apoyan su impugnación. Por un lado, se considera soberano al pueblo catalán y al Parlament, como expresión del poder constituyente. Se incumple así el propio Estatuto de Autonomía catalán, que en el artículo uno expresa que Cataluña es una Comunidad Autónoma y ostenta autonomía, no soberanía, así como la Constitución, que establece la soberanía del pueblo español (artículos 1 y 2), y la sentencia del TC del año pasado sobre el 9-N.

El segundo asunto "nuclear" de la resolución es "la no supeditación" a lo que decidan las instituciones del Estado, especialmente el TC. La sujeción a la Constitución es elemento vertebral de un Estado, se explica en el informe, y contravenir este principio en la resolución es "más grave" aún porque lo decide una institución parlamentaria y "se dirige como una instrucción al futuro gobierno de la Generalidad". Se infringe así tanto el deber de no actuar contra la Constitución como el deber de obrar con arreglo a ella.

Notificar a Forcadell, Mas, la Mesa del Parlament y consejeros

Por otra parte,  el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Tribunal Constitucional sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas y en su caso a la persona que resulte nombrada; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.

“El Consejo de Estado recomienda que se aperciba a Mas y Forcadell de que podrían ser suspendidos si desobedecen al TC“

Entiende el Consejo de Estado que debe solicitarse también al TC que la notificación se practique bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con previsto en el artículo 92.4b) de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como de "procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento".

Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa "la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (...) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida".

Incluyen en esta prohibición el anexo con los derechos sociales incluido el pasado viernes, y también que el presidente de la Generalitat o cualquier miembro de su Consejo de Gobierno promuevan iniciativa legislativa alguna, sea del rango que sea, con la misma finalidad.

Según el escrito presentado este lunes ante el Consejo de Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere que la suspensión del Tribunal Constitucional sobre la declaración independentista se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos electos y del Ejecutivo catalán, una petición que casi con toda seguridad incluirá en el recurso que este mismo miércoles presentará ante el alto tribunal.

En concreto, en el escrito del que recoge Europa Press, ya pedía que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

El recurso del Gobierno, este miércoles

La Comisión Permanente del Consejo de Estado está presidida por el presidente del órgano consultivo, José Manuel Romay Beccaría, y por los consejeros permanentes, que actualmente son Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso García.

El Consejo de Estado ha elaborado su dictamen tras más de una hora de reunión en la que se ha estudiado el informe que ha elaborado sobre el recurso la sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla.

Con este documento, este martes por la tarde se reunirá la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios, encargada de estudiar los asuntos que debate el Consejo de Ministros, y que preside la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente, Mariano Rajoy, tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC, para lo cual ha de reunir primero a su Consejo de Ministros. Previamente, necesitaba tener este informe del órgano consultivo del Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones.

Según ha señalado Mariano Rajoy, en el recurso de inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno", la "inmediata suspensión" de esta iniciativa y "de todos sus posibles efectos".

El Gobierno ya apuntó el pasado viernes a Forcadell como primera responsable política y jurídica de lo que ocurra a partir de este lunes.