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El TSJ de Cataluña imputa a Artur Mas por la consulta del 9N

  • El tribunal lo cita a declarar el 15 de octubre por presunta desobediencia
  • Imputa también a la exvicepresidenta Ortega y a la consejera Irene Rigau

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El TSJ de Cataluña imputa a Artur Mas por la consulta del 9N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 15 de octubre, en la causa abierta a raíz de la querella de la Fiscalía por presunta desobediencia por celebrar la consulta alternativa del 9N a pesar de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional.

El magistrado instructor, Joan Manel Abril, ha citado también como imputadas para el 13 de octubre a la exvicepresidenta de Cataluña Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau.

En una providencia, notificada dos días después de las elecciones del 27S, el alto tribunal catalán acuerda tomar declaración a los tres querellados, después de que ellos mismos pidieran durante la campaña que no se acordara ninguna nueva diligencia de investigación ni testifical hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.

Según han explicado a Europa Press fuentes del tribunal, tendrán que declarar en persona y no podrán hacerlo ni por escrito ni por videoconferencia. Cabría la posibilidad, según recoge esta agencia, que una comitiva judicial pudiera desplazarse al Palau de la Generalitat solo en el caso de Mas para tomarle declaración.

Mas, Ortega y Rigau han sido formalmente citados a declarar como imputados, casi un año después de que la Fiscalía presentara, el 21 de noviembre de 2014, una querella en la que los acusaba de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.

El TSJC acordó investigar si había delito de desobediencia

El TSJC acordó investigar a los responsables del Govern inicialmente por desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre que suspendió la consulta alternativa del 9N, pero dejó abierta la puerta a indagar todos aquellos hechos que pudieran estar relacionados con la convocatoria, lo que podría comportar que se les imputaran otros delitos.

Desde que en diciembre pasado el TSJC acordó investigar a Mas, el magistrado instructor Joan Josep Abril ha practicado diversas diligencias y citado a testimonios con el fin de averiguar el coste de la consulta y la intervención del Departamento de Enseñanza para que los centros educativos públicos acogieran la votación del 9N.

Al inicio de la campaña electoral del 27S, la Fiscalía propuso a cuatro nuevos testigos, entre ellos la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) que encargó confeccionar las urnas y papeletas de la consulta a presos de la cárcel de Lleida y un asesor del Departamento de Gobernación, dirigido entonces por Joana Ortega.

Ante esa solicitud, las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el pasado 16 de septiembre -en plena campaña- al TSJC que aplazara todas las testificales y nuevas diligencias planteadas, hasta que ellos hubieran tenido ocasión de declarar como querellados, al entender que, de lo contrario, se incurriría en "una alteración del orden legal de la práctica de prueba".

El instructor cita a declarar a cinco testigos

El magistrado instructor ha atendido la propuesta de los querellados y los ha citado como imputados para interrogarles unos días antes de tomar declaración a los nuevos testigos planteados por la Fiscalía.

Para el próximo 19 de octubre, el magistrado ha citado a Dolores Agenjo, la directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que denunció presiones del Departamento de Enseñanza por negarse a ceder las llaves del centro para colocar las urnas del 9N, testifical que las defensas lograron aplazar a después de la campaña alegando que la testigo concurría a las elecciones en la candidatura de Ciutadans.

El mismo día, está citada a declarar como testigo Elisabet Abad, directora del CIRE, para responder por el proceso de producción, suministro y entrega de las urnas y papeletas del 9N, sufragadas a través de varios contratos con el Departamento de Justicia que costaron 143.738 euros a la Generalitat.

Otro testigo citado para ese día es el entonces asesor en materia de opinión publica de la conselleria de Gobernación, Joan Cañada (UDC), que será interrogado sobre la administración y mantenimiento de la página web de la consulta del 9N.

También declararán el 19 de octubre próximo, a propuesta de la Fiscalía, el responsable técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI de la Generalitat para resolver las incidencias informáticas que pudieran surgir en el proceso de consulta.

El último testigo del día será el responsable de la compañía de espectáculos Focus, encargada del montaje del centro de prensa internacional donde se facilitaron los datos del escrutinio del 9N y donde Artur Mas compareció ante los medios para celebrar la alta participación en la consulta, de más de dos millones de personas, y la victoria del sí.

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