Wert se muestra dispuesto a ampliar el calendario de implantación de la reforma educativa

• La implantación de la LOMCE está prevista para los próximos dos años
• Se "escalonaría" pero sin retrasar su entrada en vigor, ha dicho en el Senado

Wert abre la posibilidad de modificar el calendario de aplicación de la lomce

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha mostrado este martes dispuesto a ampliar el calendario de implantación de la reforma educativa, prevista para los próximos dos años, después de escuchar en el Senado las críticas de la oposición, que considera que este es un plazo muy breve para su desarrollo.

Wert ha ofrecido "escalonar" su aplicación ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde actualmente se está tramitando la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El ministro ha comentado que el grupo popular entablará una discusión en la Cámara alta con la oposición para, "eventualmente", realizar una "revisión" del calendario "que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley".

"Se podría plantear un escalonamiento" de la implantación de la reforma, ha añadido Wert, además de recordar que en el trámite parlamentario en el Senado "estamos en tiempo hábil" para conseguir algún consenso.

Wert también se ha mostrado dispuesto a negociar las cuestiones que tienen que ver con la financiación de la LOMCE ante los 17 consejeros del ramo presentes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

Las comunidades autónomas asumen el 95% de la política educativa

En su redacción actual, el texto prevé que la ley entrará en vigor el curso que viene y que en dos años habrá concluido su implantación, con lo que las autonomías deberán asumir en ese período de tiempo el coste extra que tal cambio supone.

La responsable de Educación  de Cataluña, Irene Rigau, recordó que "el 95% de la política educativa la asumen las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central solo paga el 5%".

En su opinión, es "injusto" que "quien solo  aporta el 5% quiera obligar a los que sostenemos el 95% restante, y que además estamos sujetos por las restricciones para contener el déficit, a financiar en dos años una ley que el propio ministro ya dijo que sería cara".

La senadora de CiU Montserrat Candini ha calificado la memoria económica de la Lomce como "insuficiente", opinión que han compartido otros parlamentarios y consejeros.

Se retrasarán los plazos de aplicación

Por ello, Wert se ha mostrado partidario de un replanteamiento del calendario de implantación de la ley, en base "al principio de lealtad institucional. "En ningún caso se retrasará su entrada en vigor", subrayó el ministro, pero sí los plazos de aplicación, lo que en consecuencia relajará las necesidades financieras. Las negociaciones correrán a cargo del grupo del PP en el Senado durante el trámite parlamentario de la Lomce, indicó.

Además, Wert apuntó que desde que la norma echó a andar como anteproyecto de ley, ministerio y comunidades autónomas crearon un grupo de trabajo para analizar "los costes de la enseñanza" y el impacto de la implantación de la Lomce, que "tendrá su cristalización" cuando se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica.

El ministro admitió que "el reparto competencial" que propone la Lomce es "distinto" al actual, pero rechazó que implique una invasión de competencias y que sea contrario a la Constitución.

En ningún punto del informe del Consejo de Estado "se nos indicaba tal cosa", y sí en cambio señalaba este organismo que "lo de las competencias compartidas es suceptible de enfoques diversos", ha señalado.

Autonomías partidarias de recurrir al TC

De esta forma, Wert respondía a las acusaciones de invasión de competencias que todos los portavoces de la oposición y los consejeros de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias han hecho contra el proyecto de ley.

Los consejeros del PP han afirmado que la LOMCE no invade competencias, no relega las lenguas cooficiales y se ha hecho con consenso, aunque han pedido a Educación que se asegure su financiación y flexibilice los plazos de implantación.

Por contra, las autonomías nacionalistas y socialistas se han mostrado partidarias de recurrir ante el Tribunal Constitucional una norma que, han argumentado, invade sus competencias.