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El Gobierno prohibirá el uso de tarjetas de crédito en los ministerios

       
  • El Consejo de Ministros tramita 40 medidas contra la corrupción
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  • Será delito contratar desde la Administración a un precio superior al real
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  • Habrá un responsable económico de los partidos que comparecerá en Cortes

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El Gobierno aprueba 40 medidas para luchar contra la corrupción

El Consejo de Ministros ha tramitado este viernes el informe para la regeneración democrática con las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos. Incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.

Estas reformas, que ha descrito la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se agrupan en torno al control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos mediante una ley orgánica, la creación de un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y una reforma en las medidas penales y procesales contra la corrupción.

Algunas de las iniciativas para la regeneración democrática, como el endurecimiento de las penas por corrupción y la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos, estarán incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que también ha aprobado el Consejo de Ministros.

Control del patrimonio tras dejar los cargos públicos

El Gobierno se ha propuesto definir el Estatuto del Cargo Público para que quede definido por ley y no diseminado en diversos reglamentos que puedan ser modificados por los ministerios. Del mismo modo, se ha diseñado una normativa  que defina en qué consiste el "ejercicio del cargo público", para  que se sepa "qué derechos y qué obligaciones" tienen quienes tienen esos cargos.

Uno de los objetivos principales del Gobierno es reforzar la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, de modo que pueda seguir la evolución del patrimonio de los cargos públicos cuando cese en el cargo, más allá de las actuales declaraciones de bienes que se presentan actualmente al principio y al final de sus mandatos y que, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, contribuían a poco más que la "publicidad inmediata".

En la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales,, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado" y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado a la oficina de blanqueo.

Se hará que los presupuestos de las instituciones públicas recojan las cuantían totales de las retribuciones a los cargos públicos, que tendrán clarificado por ley su régimen de la seguridad social y las pensiones a las que accederán, al igual que otros empleados públicos.

Se prohibirá expresamente el uso de las tarjetas de crédito para los gastos de los cargos públicos

Otro de los aspectos que se quiere aclarar es el de los gastos de representación, que solo abarcarán lo que fije la ley, referido generalmente al protocolo o la seguridad. Como novedad, se prohibirá expresamente el uso de las tarjetas de crédito para los cargos públicos, y los gastos solo serán reembolsables con presentación de los justificantes.

Delito de financiación ilegal de partidos

Entre las medidas penales y procesales contra la corrupción, se creará un delito nuevo, el de financiación ilegal de partidos.

Según informó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el  proyecto enviado a las Cortes incluye nuevas conductas delictivas, como  que se considerarán como malversación "todos los supuestos de gestión desleal del patrimonio público".

Así, será delito contratar desde la Administración Pública a precios superiores de los reales, según se incluye en el proyecto de reforma del Código Penal. También se perseguirá la celebración de contratos sin prestación, y la utilización del patrimonio público para fines privados. Según Justicia, "no será preciso acreditar un enriquecimiento, sino que bastará con probar que ha existido una conducta desleal patrimonial".

La iniciativa legislativa también se dirige a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aplicar medidas concretas que agilicen los procedimientos judiciales "para que no se eternicen", como por ejemplo separar responsabilidades civiles y penales, de modo que dilucidar unas no entorpezca el juicio de otras, y racionalizar el uso de recursos judiciales para que no se usen con propósito dilatorio.

Otra propuesta para que los delitos de corrupción sean debidamente castigados buscará "trabar los bienes" para que la persona condenada por corrupción "no se pueda lucrar de lo que se haya aprovechado", ha informado Soraya Sáenz de Santamaría.

Un responsable económico de los partidos ante el Parlamento

Para regular la actividad económica y financiera de los partidos políticos, se creará la figura del responsable económico de los partidos, que comparecerá anualmente en el Parlamento.  Los partidos políticos tendrán que remitir sus cuentas al Tribunal  Constitucional y publicar las subvenciones y donaciones que superen la  cantidad supuesta en la ley.

También se establecerá un procedimiento tasado para la aprobación de  las cuentas de los partidos y tendrán que fijar directrices de  contratación. Las formaciones políticas tendrán que enumerar las fundaciones que dependan de ellos y describir el vínculo que les una.

Por otra parte, se amplía la posibilidad de crear partidos políticos a personas que no tengan la nacionalidad española.

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