La justicia británica aprueba entregar a España al presunto etarra Gogeaskoetxea

• La defensa del acusado apelará la sentencia de extradición
• Se le imputa el intento de asesinato del rey Juan Carlos en 1997
• Eneko Gogeaskoetxea, reclamado por quince delitos de terrorismo

La Corte de magistrados de Westminster (Londres) ha autorizado la extradición del Reino Unido a España del presunto etarra Eneko Gogeaskoetxea, reclamado por quince delitos de terrorismo, aunque su defensa anunció que apelará esta decisión.

En una audiencia de menos de una hora a la que asistieron el interesado y un hermano suyo -en la galería del público- la jueza Daphne Wickham leyó su breve dictamen, en el que rechazó uno a uno los argumentos de la defensa y acabó concluyendo que "no hay obstáculos para la extradición".

La defensa, encabezada por Edward Fitzgerald, dijo a los periodistas al acabar la sesión que, "por supuesto", recurrirán el fallo, para lo que tienen siete días, tiempo durante el cual el procesado permanecerá en prisión preventiva.

Eneko Gogeaskoetxea, de 44 años, fue detenido el pasado 7 de julio en la ciudad inglesa de Cambridge en virtud de ocho órdenes europeas de arresto emitidas por la Justicia española, en las que se le acusa de quince delitos, la mayoría atentados sin víctimas y con daños materiales cometidos en los años 90.

Los cargos más destacados que se le imputan son la muerte de un agente de la Policía vasca el 13 de octubre de 1997 y el intento de asesinato del rey Juan Carlos previsto para cinco días después, el 18 de ese mes, durante la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao.

Gogeaskoetxea y su primo Kepa Arronategui fueron sorprendidos por la Policía cuando presuntamente preparaban el ataque contra el monarca y, mientras que el segundo fue capturado y cumple una condena de quince años en España, el primero logró escapar supuestamente asesinando al ertzaina en su huida.

La defensa del acusado, que vivía en Cambridge bajo identidad falsa con su mujer e hijos, rechazó su extradición con el argumento de que no tendría un juicio justo en España, pues la mayoría de las pruebas en su contra surgía de una confesión forzada hecha por su primo cuando estaba detenido incomunicado y sin acceso a un abogado.

La jueza ha desestimado este punto al valorar que, aunque la práctica española de detención incomunicada y sin acceso a letrado ha sido condenada por numerosos grupos de derechos humanos, como apuntó la defensa, no le corresponde a ella "evaluar la naturaleza de las pruebas".

La defensa apelará la sentencia

Wickham rechazó otro argumento de la defensa, que alegó que no había garantías de que España fuera a respetar la cláusula de la especialidad recogida en la legislación británica, que prohíbe juzgar a un extraditado por delitos que no hayan sido especificados en las euroórdenes.

Aunque Fitzgerald enumeró casos donde el Estado español aparentemente no respetó esa cláusula, la magistrada concluyó que "no había pruebas concluyentes" de que fuera a ocurrir en este caso.

Además, añadió, si se violara el derecho del acusado a la especialidad, "hay remedio dentro de la legislación española".

Donde la jueza sí dio la razón a la defensa fue en un punto relativo al delito de intento de asesinato del rey.

Fitzgerald había argumentado que no debió incluirse en las euroórdenes porque ese delito fue anulado por falta de pruebas en el caso de Arronategui, por lo que no tenía sentido imputárselo a su primo.

Wickham aceptó este argumento e invalidó el cargo, por lo que, según aseguraron a Efe fuentes de la defensa, Gogeaskoetxea no podrá ser juzgado por ese delito en un eventual proceso en España.

Durante el juicio en la Corte de magistrados de Westminster, que se celebró el 14 y el 15 de diciembre, el fiscal Julian Knowles, en representación de las autoridades españolas, recordó que el sistema europeo de extradición se fundamenta en "la confianza mutua" y ofreció garantías de que el acusado tendrá un juicio justo en España, "un socio de confianza".

La defensa tiene ahora siete días para recurrir ante el Tribunal Superior de Londres y, en última instancia, podría apelar ante la Corte Suprema del Reino Unido.