Rajoy analiza la reforma financiera en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

• Las provisiones podrían realizarse contra capital y no contra resultados
• Las entidades tendrían uno o dos años de plazo para "digerir" el ladrillo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que estudia que las mayores provisiones que exigirá a la banca para afrontar pérdidas en el sector inmobiliario se carguen contra el capital y no contra la cuenta de resultados, según fuentes financieras.

La gravedad de la crisis y la necesidad de generar la confianza en la economía española han llevado a Rajoy a no crear una vicepresidencia económica y a asumir él mismo la presidencia de este organismo que conlleva la supervisión de la política económica. 

El Ejecutivo calcula que el sector financiero necesita provisiones  extra por 50.000 millones de euros para hacer frente a eventuales  quebrantos derivados de la exposición al sector inmobiliario, pero  aún no ha decidido si este colchón se nutrirá del patrimonio o de los  beneficios que obtienen las entidades.

De uno a dos años de plazo

El Ministerio de Economía baraja fijar un plazo de entre uno o dos  años para que las entidades engorden el colchón contra pérdidas  derivadas del 'ladrillo', y que dichas provisiones se detraigan del  capital ante la posibilidad de que hacerlo contra resultados ponga en  'números rojos' a la gran mayoría del sistema financiero español.

No obstante, la opción de que las mayores provisiones que se  exijan a la banca puedan proceder de su capital afecta directamente a  la solvencia de las entidades, que han de contar con un 'capital  principal' de entre el 8% y el 10%, según lo exigido por el Banco de  España.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), ha  establecido además que las cinco mayores entidades españolas,  consideradas sistémicas (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia y  Popular), eleven sus fondos propios con más de 26.100 millones de  euros antes de junio de 2012 para tener un 'core tier 1' del 9%.

Esta exigencia de la EBA, sin embargo, podría suavizarse si las  medidas adoptadas por los gobiernos europeos para hacer frente a la  crisis de deuda soberana de la eurozona surten efecto, tal y como  apuntó recientemente el presidente de la institución, Andrea Enria.

Sin ayudas públicas

La reforma financiera que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy  aspira a que la banca duplique la cobertura de los activos  adjudicados con sus propios recursos sin recurrir a ayudas públicas,  para evitar que el contribuyente asuma ningún coste y se generen  efectos negativos sobre el déficit público.

La exposición problemática de las entidades españolas al sector  inmobiliario, incluyendo créditos dudosos, subestándar y activos  adjudicados, asciende a 176.000 millones de euros en la actualidad y  está dotada con una cobertura del 33%, de la que 17.000 millones  corresponden a provisión genérica y 41.000 millones, a específica.

Incrementar esta dotación para cubrir un posible deterioro del 60%  en los activos problemáticos significaría que son necesarias   provisiones adicionales por importe superior a 48.000 millones de  euros para el conjunto del sistema financiero español.