Penas de hasta 15 años para exministros y exmilitares de Bolivia por una matanza de civiles

• Los militares aplastaron revueltas de 2003 y mataron a 60 personas
• Los manifestantes se oponían a la exportación de gas a EE.UU.
• El presidente en aquella etapa era Sánchez de Lozada

El Tribunal Supremo de Justicia ha condenado este martes con penas de entre tres y 15 años a dos exministros y cinco exjefes militares del segundo mandato presidendical de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), acusados de tener responsabilidad en una masacre de decenas de civiles en las protestas de 2003.

El presidente del tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, ha leido las condenas en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, tras seis días de debate con otros magistrados que definieron las penas contra los acusados del caso conocido como "octubre negro".

Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara han sido condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera han sido sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Todos ellos sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

El tribunal ha determinado que tienen que cumplir su condena en el penal de Sucre, donde han sido conducidos tras la lectura de sentencia.

Oposición social a un proyecto de exportación de gas

El caso es conocido como "octubre negro" por haber estallado en ese mes de 2003 una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares, y concluyó con más de sesenta muertos y 450 heridos.

Los disturbios estallaron por la oposición social a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile. Aquellos sucesos llevaron a Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) a abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato, y desde entonces reside en Estados Unidos.

La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros siete exministros que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, pero los trámites no han prosperado.

El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.

"Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva", agregó el fiscal Mario Uribe.