La industria cultural denunciará a las principales webs de descargas en septiembre

• Presentará las demandas ante la comisión de la ley Sinde
• Dicha comisión ultima su formación junto con el reglamento que la regula

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en la presentación de un paquete de denuncias contra páginas web de descarga de contenidos protegidos con derechos de autor para finales de septiembre, una vez estén listos el reglamento de la ley Sinde (ver texto íntegro) y la comisión encargada de recibir y examinar estas demandas.

El director de la Coalición, Andrés Dionis, ha adelantado que este "paquete" de denuncias no será muy numeroso pero sí "contundente" porque irá contra las principales webs de descarga.

Este primer "ataque" pretende "evaluar la eficacia de la comisión de propiedad intelectual" y lanzar el mensaje claro de que "la ley tiene el objetivo de atacar el problema en origen",  ha señalado Dionis.

Dionis considera que la ley es positiva porque "representa un antes y un después en la lucha de lo ilegal", si bien destaca que el borrador actual contiene algunos aspectos "preocupantes".

“La industria cultural pide más contundencia ante los reincidentes“

La industria cultural reclama que se tenga en cuenta la reincidencia de los infractores. Dionis propone que cuando el responsable de una página denunciada retire el contenido pero vuelva a colgar en la red otro ilegal, éste no sea apercibido para que lo quite de forma voluntaria, sino que su conducta sea castigada.

El otro aspecto que también preocupa a la industria son las páginas alojadas en servidores extranjeros. El Real Decreto de la ley Sinde ya lo contempla e impedirá también, previa autorización  judicial, el acceso de los usuarios desde España a una web con el  servidor en el extranjero y que permita descargar contenidos ilegales  sujetos a derechos de autor.

Sin embargo, la solución no satisface del todo a la Coalición que afirma que "hubiera sido una magnífica oportunidad que el Gobierno especificara que las web que enlazan a contenidos ilegales son objeto claro de regulación", señala el portavoz de la industria cultural.

El borrador del Real decreto que desarrolla la ley Sinde está  actualmente en trámite de consulta y podría estar concluido a  finales de agosto para que en la primera quincena de septiembre el reglamento sea aprobado en Consejo de Ministros.

Los pasos del cierre de webs

La comisión que examinará las denuncias se compone de dos secciones. La primera estará formada "por  tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura,  a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y  Hacienda, Cultura y Justicia".

La  Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs, se formará  bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o  persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio  de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un  vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio  de la Presidencia".

Los titulares de derechos de autor o  las entidades o personas naturales o jurídicas que los representen  pueden también dirigirse directamente a la sección segunda de la  Comisión de Propiedad Intelectual -nunca actuará de oficio-.

La web puede retirar de forma voluntaria los contenidos o presentar alegaciones en un plazo de 48 horas.

“Los operadores podrán intervenir para hacer cumplir la retirada de los contenidos“

Transcurrido  este plazo, la sección pedirá que ambas partes presenten conclusiones  en cinco días, tras los cuales la comisión tendrá otros tres días como  máximo para dictar resolución.

Si se dicta que se ha vulnerado la  propiedad intelectual, la sección segunda ordenará, previa autorización  judicial, la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde  su notificación.

La resolución contemplará, asimismo, para el  caso de incumplimiento dentro del plazo de 24 horas, "las medidas de  ejecución forzosa dirigidas a los servicios de intermediación de la  sociedad de la información que correspondan para el eficaz cumplimiento  de la resolución".

"Los servicios de intermediación deberán dar  cumplimiento a este requerimiento de colaboración en un plazo de 72  horas desde la notificación", añade.