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Los mapuches siguen en huelga de hambre dos meses después pese a la reforma de Piñera

       
  • Una treintena de presos llevan en sin comer desde el 12 de julio
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  • Exigen que se les deje de aplicar la ley antiterrorista y se les aplique justicia civil
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  • Piñera ha firmado un proyecto de ley para reformar la justicia militar

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Varias personas participan en una marcha en protesta por el encarcelamiento de los 32 presos mapuches en distintas cárceles EFE EFE/Claudio Reyes

La treintena de comuneros mapuches, la principal etnia originaria de Chile, encarcelados en diversas prisiones del sur del país mantendrán su huelga de hambre a pesar de las reformas legales anunciadas este lunes por el Gobierno, según han informado a Efe fuentes próximas a los indígenas presos.

Los presos se declararon en huelga de hambre el pasado 12 de julio, para exigir la libertad de todos aquellos que consideran "prisioneros  políticos mapuche".

Uno de ellos ha sido hospitalizado este miércoles tras infligirse una herida en el abdomen, aunque se encuentra fuera de peligro, según informa la prensa local.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha firmado este martes un proyecto de ley para reformar la justicia militar, pero los mapuches, han considerado que esta reforma no satisface sus demandas .

Los indígenas mapuches,que en el pasado han protagonizado algunas protestas violentas y enfrentamientos con la policía, exigen que deje de aplicárseles la ley antiterrorista y de sometérseles a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares, porque ello limita su derecho a defenderse y a tener un juicio justo, y además agrava las penas.

El Partido Socialista (PS), actualmente en la oposición, ha pedido que se instale una mesa de diálogo con los presos mapuches.

Reclamaciones de tierras

Los 34 comuneros mapuches están en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temucho y Cholchol por hechos ocurridos en el marco de las reclamaciones de tierras que consideran ancestrales; sin embargo, ninguno de ellos ha sido condenado hasta ahora.

Al firmar el proyecto de ley para reformar la justicia militar, el presidente ha asegurado que más de 4.000 causas que se encuentran en manos de los tribunales militares, muchas de las cuales involucran a mapuches, pasarán a la jurisdicción ordinaria.

Según Piñera, esta iniciativa, que debe ser debatida en el Senado para su aplicación, supone "un gran paso hacia la adecuación de la justicia militar a los más altos y exigentes estándares internacionales".

Críticas mapuches

Esta opinión, contrasta según supo Efe con la que sostienen los huelguistas, quienes han criticado el hecho de que en ningún momento se les haya consultado al respecto, y que las autoridades no hayan establecido diálogo alguno.

La iniciativa contempla además la tipificación de nuevos delitos, como el uso de la fuerza o la intimidación contra las fuerzas del orden, algo que, según Piñera permitirá proteger mejor a los policías y a la vez aumentar su eficacia.

Al anunciar estas medidas, el presidente ha reiterado su emplazamiento a los presos en huelga de hambre para que depongan su actitud "y retomen cuánto antes el camino del diálogo y del estado de derecho".

El gobernante ha anunciado también que en los próximos días firmará un nuevo proyecto de ley para "perfeccionar la ley antiterrorista".

El objetivo de esta otra reforma es que la ley persiga las "conductas que inequívocamente están dirigidas a producir terror en la población, distinguiéndolas de otros delitos comunes", y racionalizar las penas, que en algunos casos son "excesivas" al compararlas con las que se aplican en las leyes ordinarias, admitió Piñera.

Sin embargo, según trascendidos de prensa, se mantendrá la figura del "testigo protegido", aunque se introduce la posibilidad de que la defensa de los acusados pueda interrogarlo, conservando su identidad en el anonimato, algo que los comuneros en huelga de hambre rechazan de plano, dijeron a Efe sus representantes.

El conflicto mapuche

Los indígenas exigen la restitución de lo que consideran sus  tierras ancestrales, situadas en la zona centro-sur de Chile, y  que hacia finales de los 80, el gobierno militar del dictador  Pinochet entregó a las empresas forestales para su explotación.

Desde entonces, lo indígenas exigen su restitución, y en los últimos  años, los enfrentamientos con la policía han sido más  recurrentes. Uno de los más graves fue el ocurrido en agosto de  2009, cuando uno de sus líderes murió por un disparo de la policía en  el desalojo de un fundo privado que había sido ocupado por los  indígenas.

Aquello originó una serie de protestas en las que también resultaron  heridos ocho manifestantes y tres carabineros.

En algunas de sus protestas, los mapuches ha recurrido a actos violentos  contra las propiedades de las compañías, tales como la quema de  maquinarias o de propiedades en conflicto. Esto permite al estado aplicarles  la Ley Antiterrorista, promulgada por el gobierno militar de  Pinochet, que actualmente se sigue en vigor.

Los mapuches encarcelados llevan casi dos meses en huelga de hambre. Amnistía Internacional ha advertido de que alimentar por la fuerza a los mapuches que mantienen la huelga de hambre podría considerarse un delito de tortura.

"Si el afectado no quiere alimentarse, obligarlo podría tipificarse como tortura y trato inhumano", ha dicho el presidente de AI Chile, el abogado Hernán Vergara.

Alimentar por la fuerza

Hace algunos días, la Corte de Apelaciones de Concepción, en el sur de Chile, autorizó a Gendarmería (servicio de prisiones) la alimentación por la fuerza de ocho presos que están en cárceles de esa zona.

En Temuco y Valdivia, sin embargo, sólo autorizaron que en caso de emergencia o urgencia, los huelguistas sean trasladados a un centro asistencial y que sean los médicos quienes decidan cómo proceder para salvaguardar su vida.

Hasta ahora los presos ingieren algunos líquidos, pero han perdido en promedio unos 20 kilos de peso, explicó ayer la doctora Berna Castro.

Algunos huelguistas ya presentan "daños internos" y su situación es crítica, especialmente los que están en las cárceles de Angol y Concepción.

Al tiempo que el Gobierno anunciaba su intención de enviar al Parlamento reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar, en los últimos días la Iglesia católica se ha ofrecido a mediar y ha propuesto instalar una mesa de diálogo, una iniciativa que también han planteado los partidos de la oposición.

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